LOS MILITARES ANTES DEL GOLPE, RADIOGRAFÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA.
AGOSTINA DASSO.
El rol de los militares es un elemento clave para esclarecer el tipo de golpe que se llevó adelante en Bolivia. El
éxodo del poder de Evo Morales no fue ni es el resultado de un plan del poder militar para derrocarlo. La renuncia se
motiva, en primer lugar, por un levantamiento masivo de sectores urbanos y de clase media que paralizó al país. La
maniobra de Morales para desconocer el referéndum de 2016 y las irregularidades del proceso electoral del 20 de
octubre pasado decantaron en una movilización social radicalizada y en un motín policial.
El 10 de noviembre, el jefe del mando militar, Williams Kaliman, envió una carta en la que le «sugirió» a Morales
que dimitiera a modo de evitar, o al menos apaciguar, la violencia que se desataba en las calles. Acorde con la
sucesión de los hechos, la renuncia se produjo inmediatamente después de este pedido, lo que permite inferir que
resulta efecto y desenlace de la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Para buena parte de la sociedad boliviana y
miembros de la comunidad internacional, lo que sucede en Bolivia es producto de una «revolución popular». Pero la
situación es, a todas luces, más compleja que la que se expresa en el binomio «revolución / golpe».
Estado es Patria.
Tras las dictaduras de Hugo Banzer (1971-1978) y Luis García Meza (1980-1981), el modelo burocrático-
autoritario boliviano comenzó a agotarse. Las prácticas represivas, el desprestigio de las cúpulas militares y la
fragmentación corporativa condujeron al ocaso de la Junta Militar que entregó el poder en 1982.
La postransición democrática obligó a las Fuerzas Armadas a mostrar una imagen institucionalista y de respeto a la
Constitución. Sin embargo, esta imagen no estuvo acompañada de una clase política dirigente que asumiera una
conducción civil adecuada y esto limitó el proceso de democratización boliviano a un «pacto de coexistencia
pragmática civil-militar».
En 1985, en el marco de un contexto político conocido como Pacto por la Democracia, el general de brigada César
López cuestionó abiertamente la Doctrina de Seguridad Nacional, que comprometía a los militares a la lucha contra el
narcotráfico, el terrorismo y la subversión. Antes de la llegada de Morales al poder, reconocían que las amenazas a la
seguridad boliviana eran potenciadas por la pobreza, la corrupción, la desigualdad y la debilidad de las instituciones.
Ya en los años democráticos, las Fuerzas Armadas viraron su foco a mantener el orden interno y conservar cierta
autonomía para tutelar la institucionalidad y la democracia boliviana bajo el principio de «Estado es Patria». Dos
momentos críticos precedieron el triunfo electoral de Morales en 2006:
— Octubre Negro, 2003 → Violenta represión de los militares a la insurrección popular que llevó al
enjuiciamiento del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el Alto Mando militar.
— 2005 → Desplazamiento de Carlos Mesa del gobierno a partir de una insurrección popular que exigía la
nacionalización del gas que volvió a mostrar a las FFAA en el centro de la escena, dividiéndolos entre un
mando más tradicionalista y los sectores ligados al MAS.
Cuando Morales asumió la Presidencia, buena parte de los militares jóvenes respondían directamente a él. La
llegada de Evo en 2006 encaminó un proyecto para recuperar la tradición nacionalista declarando a las Fuerzas
Armadas «socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas» y convirtiéndolas en una pieza central de su proyecto
político.
«Patria o muerte. ¡Venceremos!»
La incorporación de un paradigma de «seguridad integral» como parte del proceso de cambio encarado por Evo
condujo a un aumento de las funciones de las FFAA. Para el ministro de Defensa, Walker San Miguel, la visión
clásica de seguridad ya no se acomodaba al proyecto boliviano, sino que estaba siendo reemplazada por una visión
multidimensional que hacía foco en la integración y el desarrollo. Comprometieron a los militares tanto en tareas de
seguridad tanto externa como interna.
Es la propia Constitución vigente desde 2009 la que les asigna a las Fuerzas Armadas la misión de «defender y
conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y su soberanía; asegurar el imperio de la
Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del
país» (artículo 244). Se entiende, entonces, que la extensión
El Plan Nacional de Desarrollo decretado en 2007 rearma un rol donde la política de defensa tiene «el objeto de
restablecer y fortalecer las capacidades institucionales». En 2010, el documento «Bases para la Discusión de la
