RESOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA NÚMERO 1 (9 de febrero de 2020)
En la Lección 1ª de la asignatura hemos aprendido que las relaciones del Derecho penal
con el Derecho administrativo son de una muy estrecha conexión, porque ambos
pertenecen al Derecho público y regulan las relaciones entre el Estado y los particulares
y porque el Derecho penal otorga tutela a determinadas instituciones administrativas,
pertenecientes a la propia Administración pública en general (título XIX del libro II del
CP), castigando las infracciones más graves cometidas por sus funcionarios, a la
Administración de Justicia en particular (título XX del libro II del CP), a la Hacienda
Pública y la Seguridad Social (título XIX del CP), etc. Además, el Derecho administrativo
comparte con el Derecho penal la función sancionadora, porque la Administración
ostenta una “potestad sancionadora”, en cuya virtud impone “sanciones” que aparecen
como consecuencias jurídicas de actuaciones contrarias a las normas administrativas.
Por este motivo, Derecho penal y Derecho administrativo sancionador tienen mucho en
común: comparten estructura y funciones. Las normas administrativas sancionadoras y
penales tienen, en principio, una estructura idéntica, pues, constan de presupuesto
jurídico (descripción de la conducta) y sanción o consecuencia jurídica.
En este contexto es donde surge una pregunta esencial: las normas penales y
administrativas, ¿comparten la misma naturaleza, de manera que no cabe apreciar
diferencias cualitativas entre una infracción administrativa y un delito, o son de
naturaleza diferente y tienen funciones distintas?
A la vista del Ordenamiento jurídico español no es posible considerar que la potestad
sancionadora de la Administración sea autónoma, porque juzgar hechos y ejecutar lo
que la norma prevé es una competencia reservada en exclusiva a los Jueces y Tribunales
en la Constitución española (art. 117.3). La potestad de sancionar pertenece, pues,
originariamente al Poder judicial y es una función jurisdiccional. La Administración
ejercita potestades sancionadoras por delegación, y, por ello, sus actos son revisables
ante los Tribunales y su alcance es limitado, no pudiendo imponer sanciones que
impliquen directa o indirectamente privación de libertad. De esta forma, las sanciones
administrativas comparten la misma naturaleza que la sanción penal, de modo que no
se puede afirmar que existan diferencias cualitativas en ningún caso. La Administración
siempre actúa en defensa de los intereses generales (art. 103.1 CE). La única diferencia
entre la sanción penal y la administrativa es de orden cuantitativo: los supuestos menos
graves serán contemplados por la potestad sancionadora administrativa y los más
graves, incluyendo la sanción por las infracciones del personal al servicio de la
Administración, por la jurisdicción penal. No cabe pues aplicar doble sanción en el caso
de identidad de intereses protegidos o, con otras palabras, en caso de idéntica
naturaleza del injusto.
