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Orientación Universidad
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que haces eslop mira, Apuntes de Salud Pública

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Tipo: Apuntes

2024/2025

Subido el 15/06/2025

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El documento examina el marco legal de la informática en Venezuela, destacando cómo
la Constitución, el Plan de la Patria, y leyes específicas como la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, influyen en el
desarrollo tecnológico y la seguridad digital del país. Se subraya la importancia de la
soberanía tecnológica, el acceso a la información y el conocimiento, y la necesidad de
proteger los sistemas informáticos contra delitos, así como el impulso al uso de firmas
digitales para la autenticación de documentos electrónicos.
Puntos clave
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el acceso universal a
la información y reconoce la importancia de la tecnología para el desarrollo.
El Plan de la Patria 2019-2025 promueve el desarrollo de aplicaciones informáticas para
necesidades sociales y respalda procesos económicos en sistemas informáticos.
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación busca estimular la inversión
empresarial en ciencia, tecnología e innovación para lograr la independencia
tecnológica.
La Ley Especial contra los Delitos Informáticos protege los sistemas de información y
sanciona los delitos cometidos contra ellos.
La Ley de Infogobierno establece principios para el uso de tecnologías de la información,
mejorando la gestión pública y los servicios a los ciudadanos.
La Ley de Firmas Digitales permite demostrar la autenticidad de mensajes digitales,
como documentos electrónicos.
Venezuela certificó proveedores de servicios de certificación en 2008, permitiendo la
firma digital de documentos electrónicos.
El mundo moderno se ha transformado de manera acelerada en los últimos 10 años.
Transformación que no solo ha cambiado la rutina de los hombres, la economía de las
naciones, el poderío mismo de ellas, sino también la forma de hacer negocios y realizar
transacciones, y en especial la forma como se soportan tales actividades. En la
actualidad, se ha generado una tendencia universal a darle valor a los documentos
llamados electrónicos, documentos generados por medio electrónicos.
Pero el tema de los documentos electrónicos no es novedoso, aunque si desconocido,
por lo que se torna imperativo avanzar al ritmo de la tecnología a fin de poder
suministrar um servicio eficiente, confiable y vigente.
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El documento examina el marco legal de la informática en Venezuela, destacando cómo la Constitución, el Plan de la Patria, y leyes específicas como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, influyen en el desarrollo tecnológico y la seguridad digital del país. Se subraya la importancia de la soberanía tecnológica, el acceso a la información y el conocimiento, y la necesidad de proteger los sistemas informáticos contra delitos, así como el impulso al uso de firmas digitales para la autenticación de documentos electrónicos. Puntos clave La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el acceso universal a la información y reconoce la importancia de la tecnología para el desarrollo. El Plan de la Patria 2019-2025 promueve el desarrollo de aplicaciones informáticas para necesidades sociales y respalda procesos económicos en sistemas informáticos. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación busca estimular la inversión empresarial en ciencia, tecnología e innovación para lograr la independencia tecnológica. La Ley Especial contra los Delitos Informáticos protege los sistemas de información y sanciona los delitos cometidos contra ellos. La Ley de Infogobierno establece principios para el uso de tecnologías de la información, mejorando la gestión pública y los servicios a los ciudadanos. La Ley de Firmas Digitales permite demostrar la autenticidad de mensajes digitales, como documentos electrónicos. Venezuela certificó proveedores de servicios de certificación en 2008, permitiendo la firma digital de documentos electrónicos. El mundo moderno se ha transformado de manera acelerada en los últimos 10 años. Transformación que no solo ha cambiado la rutina de los hombres, la economía de las naciones, el poderío mismo de ellas, sino también la forma de hacer negocios y realizar transacciones, y en especial la forma como se soportan tales actividades. En la actualidad, se ha generado una tendencia universal a darle valor a los documentos llamados electrónicos, documentos generados por medio electrónicos. Pero el tema de los documentos electrónicos no es novedoso, aunque si desconocido, por lo que se torna imperativo avanzar al ritmo de la tecnología a fin de poder suministrar um servicio eficiente, confiable y vigente.

La regulación legal del comercio electrónico en Venezuela está compuesta por varias leyes y códigos, incluyendo la Constitución, el Código de Comercio y leyes tributarias, que en conjunto ofrecen un marco para su desarrollo. No pretendemos aquí hacer un tratado sobre la legislación venezolana y el comercio electrónico, un tema que por su diversidad e implicaciones podría ser objeto de una tesis de grado, sino más bien aportar luces para iniciarse en la compresión del marco legal que la rige. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) En el Título de los «Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales» incorpora un capítulo dedicado a los derechos económicos y establece que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes. También establece el Sistema Tributario en los Arts. 316 y 317 contenidos dentro del Título VI del Sistema Socioeconómico. Código de Comercio (1955) Define los comerciantes y los actos de comercio en Venezuela, regula los documentos que comprueban la realización de operaciones mercantiles, estipula los libros de la sociedad y de contabilidad que debe llevar el comerciante. Debido a la fecha de su promulgación no menciona expresamente al comercio electrónico, más la ausencia de esta mención explícita no debe entenderse como falta de regulación. Comprender el marco de su aplicación en lo que se refiere al comercio electrónico, requiere del empleo de técnicas de hermenéutica jurídica. Código Orgánico Tributario (2020) Establece los lineamientos por los cuales debe regirse la materia tributaria en el ámbito nacional. Rige los tributos así como la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyen, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales dentro del marco de la competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la Constitución y las leyes. Las disposiciones del Código Orgánico Tributario son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ellos. Su polémica reforma de 2014 si toma en cuenta las transacciones electrónicas y abre la puerta para la emisión de facturas electrónicas; tema largamente demorado por a administración tributaria. Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001) Tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible en formato electrónico, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados Electrónicos. Ley de Impuesto sobre la Renta (2015) Toda actividad generadora de enriquecimiento es sujeta de Impuesto Sobre la Renta, en los términos y condiciones establecidas por esta ley. Evidentemente, el enriquecimiento producto de actividades de comercio electrónico

telefónicas incautadas), y las sanciones por su violación, concluyendo que la restricción de este derecho requiere autorización judicial y su obtención ilícita es un delito penado con prisión. Puntos clave La investigación se centra en la garantía constitucional del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en Venezuela. Se describen los fundamentos constitucionales y legales de este derecho según la legislación venezolana. Se examina el valor probatorio de las comunicaciones privadas, incluyendo las grabaciones telefónicas obtenidas mediante la incautación y revisión de teléfonos celulares. Se analizan las condiciones bajo las cuales los funcionarios policiales pueden acceder y utilizar esta información. Se determinan las sanciones legales aplicables a la violación de la garantía constitucional del derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Se requiere una autorización judicial previa, emitida por un juez de control, para restringir este derecho fundamental. La validez de la prueba obtenida depende de la legalidad de su obtención y de su incorporación al proceso conforme a la ley. La violación de este derecho se considera un delito sancionado con pena de prisión de tres a cinco años. La investigación es de tipo jurídica dogmática y se basa esencialmente en fuentes documentales.