7. Deslocalización productiva buscando reducir y diversificar los costes.
Hasta la década de los noventa, Colombia tenía una producción relativamente diversificada
con sectores generadores como la agricultura y la industria de pequeña escala, y sectores
complementarios como los servicios, el transporte y la explotación de algunos productos
mineros y de hidrocarburos. Su punto crítico era la competitividad, por diversos factores: la
debilidad en la infraestructura para el desarrollo, la escasa cultura empresarial, el
predominio de la informalidad, las condiciones adversas para el ahorro y la violencia que
han copado gran parte de su territorio.
En la actualidad, Colombia está inmersa en una práctica laboral medianamente nueva,
denominada como Offshoring o deslocalización productiva; por medio de la cual se busca
beneficiar a los empresarios permitiéndoles la libre movilidad de sus empresas. Sin
embargo, a pesar de los avances que genera ésta nueva modalidad, los afectados con la
implementación de esta figura de emprendimiento, son los trabajadores. La deslocalización
productiva consiste en el traslado de las actividades empresariales y productivas de un país
hacia otro” . Esto, con el fin de obtener una reducción significativa de costos en la mano de
obra y la materia prima. Situación que pone en debate los derechos del trabajador frente a
los del empresario. Pues si bien es cierto, la deslocalización productiva permite que el
empresario pueda generar empleos en diferentes países, las garantías que entrega a cada
empleado tienden a disminuir en cuanto a las garantías laborales que se le ofrece.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la deslocalización productiva es
producir mayores ingresos con una menor inversión; razón por la cual, los empresarios
acuden a países diferentes al de la casa matriz, buscando condiciones laborales menos
exigentes que les permitan obtener la misma obra de mano a precios bajos. Ésta situación
es efectiva para los empresarios porque los países tienen marcos jurídicos blandos en
cuanto a la legislación laboral. Por lo que, un salario mínimo en determinado país, resulta
ser una inversión pequeña a comparación de países desarrollados, donde los estándares
salariales doblan el valor de países como los de Latinoamérica o África. Así mismo, el
desarrollo del libre mercado y la globalización, atienden a la necesidad que tienen las
empresas de generar mayores ingresos y garantías económicas, por lo que justifican
prácticas como la deslocalización productiva y generan condiciones indignas para los
trabajadores. Por esta razón, en Colombia, el sector de los trabajadores se está viendo
afectado directamente Ya que de un lado, los empresarios que brindaban oportunidad de
trabajo, deciden instalarse en otros países con costumbres y mano de obra similar, pero que
les requiera menor inversión económica y así generan un incremento en el índice de
desempleo”. Lo mismo ocurre cuando empresarios extranjeros eligen a Colombia como el
país receptor e imponen condiciones laborales que favorecen su economía y no cumplen
con el objetivo principal del trabajo dirigido a la dignificación del sujeto. En este sentido, se
debe establecer cuál es el deber jurídico del estado para garantizar el derecho al trabajo a
las personas que quedan desempleadas tras la movilización de las actividades de esas
empresas. Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 25 de la Constitución, establece la
protección especial que debe el estado al derecho al trabajo y su obligación de evitar la
acumulación de recursos en los empresarios por medio de la mano de obra económica y la
devaluación de las condiciones laborales.
