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Derecho constituciónal y teoría del estado
Tipo: Monografías, Ensayos
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Jhenifer Lucero Alvarado Rubio - N David Alejandro Becerra Mendoza - N Segundo Benjamin Luis Cruzado - N DOCENTE: Elizabeth Carol Orbegoso Contreras Cajamarca, 18 de junio de 2025
Alberto Fujimori representa uno de los episodios más complicados, intensos y debatidos de la historia reciente del Perú. Su figura, hasta la fecha, continúa provocando profundas divisiones entre los peruanos. Mientras algunos lo ven como un líder valiente que tomó decisiones firmes durante tiempos críticos, otros lo recuerdan como un gobernante autoritario, asociado a episodios de corrupción, violaciones a los derechos humanos y abuso de poder. Esta dualidad ha hecho que su legado se convierta en uno de los más controversiales en la política nacional. Fujimori se convirtió en presidente en 1990, en un periodo en que la nación enfrentaba una crisis multifacética: económica, social y política. La hiperinflación había alcanzado cifras alarmantes, disminuyendo el poder de compra de la mayoría de los ciudadanos peruanos y desestabilizando el sistema financiero. A esto se unía el conflicto interno, especialmente contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, que generaba temor y violencia en todo el país. En ese ambiente de desánimo y cansancio, Fujimori emergió como una opción inesperada, desconectada de los partidos establecidos, lo que le permitió ganar el apoyo de un sector considerable de la población que quería un cambio inmediato. Su llegada al poder dio inicio a una serie de reformas significativas que alteraron la economía y la estructura del Estado, así como decisiones controvertidas como el "autogolpe" de 1992, la intervención en el Congreso y el sistema judicial, y la implementación de políticas que, aunque lograron resultados evidentes en seguridad y estabilidad, se ejecutaron sin respetar la legalidad y con altos costos sociales. Durante su mandato, Fujimori concentró el poder, lo que también llevó a un incremento en las acusaciones de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Este análisis tiene como propósito examinar el período de gobierno de Alberto Fujimori de manera crítica y equilibrada. Se discutirán los logros obtenidos, especialmente en términos económicos y en la lucha contra el terrorismo, pero también se considerarán los aspectos más oscuros de su administración, como los abusos de autoridad, los crímenes de lesa humanidad y el efecto que su estilo de gobernar tuvo sobre la democracia peruana. Entender este período es crucial no solo para conocer el pasado reciente, sino también para reflexionar sobre los peligros que conlleva la concentración de poder en una sola persona y sobre cómo las decisiones políticas pueden influir profundamente en la vida de un país y sus ciudadanos
implementación de medidas autoritarias durante su mandato.
El “Fujishock” consistió en una serie de medidas de ajuste estructural que implicaron la liberalización de la economía, la eliminación de subsidios a los productos básicos, la devaluación de la moneda, el recorte del gasto público y la implementación de una política de privatización masiva de empresas estatales. Uno de los aspectos más impactantes de estas medidas fue la eliminación de los controles de precios y el ajuste inmediato de los valores de los productos básicos, como la gasolina, el pan y la leche, lo que provocó un aumento inmediato en los costos de vida. Por ejemplo, la leche evaporada pasó de costar 120,000 intis (moneda de la época) a 330,000 intis en cuestión de días, lo que tuvo un impacto directo sobre la población más vulnerable, que vio cómo su poder adquisitivo se desplomaba de manera drástica. El paquete de medidas también incluyó la devaluación de la moneda y la reducción de subsidios a productos básicos, lo que provocó un alza inmediata en los precios. Si bien esta decisión fue muy impopular, era considerada necesaria para eliminar el déficit fiscal y poner en orden la economía. De hecho, el ministro de Economía de entonces, Juan Carlos Hurtado Miller, concluyó su discurso en el que presentó el paquete económico con la frase “¡Que Dios nos ayude!”, una declaración que reflejaba la gravedad de las decisiones que se tomaban. Aunque los costos sociales inmediatos fueron muy elevados, la estabilización de la economía fue un logro clave que permitió la recuperación del país. En 1991, como parte de las reformas económicas, Fujimori y su equipo económico decidieron crear una nueva moneda, el Nuevo Sol, que reemplazó al Inti, la antigua moneda que había sufrido una grave pérdida de valor debido a la hiperinflación. El cambio de moneda fue un paso crucial para restaurar la confianza en el sistema financiero peruano, que había sido severamente golpeado por la hiperinflación. El Nuevo Sol permitió la estabilización de los precios y ayudó a combatir la incertidumbre económica que había caracterizado a la economía peruana durante los años previos. Esta medida, junto con la eliminación de la inflación galopante, fue un primer paso para devolver la estabilidad económica. Sin embargo, los costos a corto plazo fueron elevados, ya que las medidas adoptadas en el “Fujishock” llevaron a una caída del Producto Bruto Interno (PBI) en 1991, que se redujo en un 2% debido a los efectos negativos inmediatos de la austeridad fiscal y el ajuste económico. Además, el desempleo aumentó de manera considerable y muchas familias se vieron empujadas a la pobreza debido a la abrupta subida de precios. A pesar de esto, la administración de Fujimori defendió el ajuste económico como una necesidad ineludible para evitar el colapso total de la economía. Los resultados a largo plazo de las reformas implementadas por Fujimori fueron positivos. La economía peruana, que había estado sumida en una espiral inflacionaria, comenzó a estabilizarse. La inflación, que alcanzaba cifras de tres y cuatro dígitos, comenzó a reducirse progresivamente, y en 1993, la tasa de inflación anual descendió a un 15%, una disminución significativa respecto a los niveles previos. La estabilización económica sentó las bases para el crecimiento sostenido del país durante los años siguientes, que promedió un 5% anual durante gran parte de la década de los 90.
La privatización de empresas públicas, una de las principales medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de Fujimori, también contribuyó al crecimiento económico. Durante el período de 1992 a 1996, alrededor de 110 empresas estatales fueron privatizadas, lo que generó ingresos significativos para el gobierno (aproximadamente 7. millones de dólares) y permitió una mayor eficiencia en sectores como las telecomunicaciones, la minería y la energía. La privatización atrajo inversión extranjera directa, lo que estimuló la economía y permitió a Perú acceder a mercados internacionales. AUTOGOLPE DE ALBERTO FUJIMORI El presidente peruano compareció en televisión la noche del 5 de abril de 1992 En esta fecha, el presidente Alberto Fujimori protagonizó lo que se conoció como el “autogolpe de Estado”, un acto político que sacudió los cimientos de la democracia peruana y desató una serie de consecuencias políticas, sociales y económicas de gran alcance. para anunciar un autogolpe de Estado mediante la disolución del Congreso y la reorganización de las altas cortes. Mientras tanto, el Ejército tomaba las instituciones, las calles y los medios de comunicación. Ante la negativa del Parlamento para otorgar amplios poderes para legislar sin fiscalización, Fujimori tomó la decisión de disolver el Congreso de la República el 5 de abril de 1992. Esta medida, que fue justificada como un intento de restaurar el orden y enfrentar la crisis política y económica que enfrentaba el país, fue recibida con una mezcla de apoyo y condena tanto dentro como fuera de Perú. Sin embargo, los críticos del autogolpe condenaron la medida como un ataque a la democracia y al Estado de derecho. Se argumentó que Fujimori había violado la constitución y usurpado el poder del Congreso y del Poder Judicial, socavando así las instituciones democráticas del país. A pesar de las críticas y las sanciones internacionales, Fujimori logró mantenerse en el poder y consolidar su autoridad. Convocó a elecciones para un nuevo congreso, que redactó una nueva constitución en 1993. Tras su victoria en las urnas, se redactó una Constitución que haría posible su reelección en 1995 contra el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, y que blindó el sistema presidencial. Fujimori buscó sacar a Perú de la crisis económica reduciendo la deuda externa y privatizando empresas públicas, y promovió una Ley de Amnistía que entonces le evitó ser juzgado por violaciones a los derechos humanos. Pese a que su popularidad parecía ir a menos, Fujimori volvió a ganar las elecciones bajo la coalición Perú 2000. Sin embargo, la oposición y la comunidad internacional denunciaron que su tercera candidatura era inconstitucional, pues sólo se permitía una reelección. Durante la posesión, el líder opositor Alejandro Toledo lideró la Marcha de los Cuatro Suyos contra el Gobierno, que terminó con disturbios y decenas de heridos. Ya iniciado el mandato, a los pocos meses salieron a la luz vídeos del asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, mientras sobornaba a diputados opositores y a empresarios para ganar votos.
la victoria electoral, el proceso estuvo marcado por la falta de transparencia y la erosión de la legitimidad democrática. Los informes internacionales y las investigaciones posteriores demostraron que, aunque Fujimori fue legalmente reelecto, el proceso fue viciado por prácticas corruptas y antidemocráticas. DENUNCIAS DE ESTERILIZACIÓN FORZADA Una de las políticas más controvertidas de Fujimori fue el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, implementado entre 1996 y 2000. Oficialmente, el programa tenía como objetivo reducir la pobreza y mejorar la salud materna, pero en la práctica, las metas cuantitativas impuestas por el gobierno llevaron a la realización de esterilizaciones masivas, especialmente entre las mujeres rurales y de comunidades indígenas. Las cifras de víctimas son alarmantes: aproximadamente 272,000 mujeres y 22,000 hombres fueron esterilizados, de los cuales más de 2,000 casos fueron denunciados como procedimientos forzados. El uso de coacción, amenazas de privación de beneficios sociales y la falta de consentimiento informado constituyeron graves violaciones a los derechos humanos, lo que llevó a numerosas organizaciones nacionales e internacionales a considerar estos actos como crímenes de lesa humanidad. La Defensoría del Pueblo y organismos internacionales denunciaron estos abusos, pero el proceso judicial contra Fujimori por estos delitos ha sido lento y los sobrevivientes aún no han recibido una reparación integral. AUTORITARISMO Y MASACRES: GRUPO COLINA El autoritarismo de Fujimori también se reflejó en la violencia estatal sistemática durante su gobierno. El Grupo Colina, una unidad clandestina de inteligencia, fue responsable de numerosas masacres contra supuestos colaboradores de los grupos insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) son ejemplos de la brutalidad de este grupo, que operaba con el respaldo del gobierno de Fujimori. A pesar de los intentos iniciales del gobierno de ocultar su responsabilidad, las investigaciones y la presión de la sociedad civil y la comunidad internacional llevaron a la condena de Fujimori en 2009 por su autoría mediata en estos crímenes, estableciendo que, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y director del Servicio de Inteligencia Nacional, era responsable de las acciones del Grupo Colina. EL ASALTO A LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE JAPÓN El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del MRTA irrumpieron en la residencia del embajador de Japón en el distrito de San Isidro, Lima. Este incidente coincidió con la celebración del 63 aniversario del Emperador de Japón, Akihito, reuniendo alrededor de 800 personas que fueron tomadas como rehenes. El grupo guerrillero emitió un comunicado justificando su acción como una protesta contra la intervención del gobierno japonés en la política peruana y criticando las prácticas violatorias de los derechos humanos y la política económica del presidente Fujimori. En su primer comunicado, el MRTA presentó sus demandas al gobierno, incluyendo cambios en la política económica, la liberación de presos del MRTA, el traslado de reclusos a la selva y el pago de un impuesto de guerra, El
secuestro se caracterizó por liberaciones selectivas; la primera noche se puso en libertad a todas las mujeres, incluida la madre del presidente Fujimori, pasaron desapercibidas para los secuestradores. Posteriormente, se soltaron a diplomáticos europeos para entablar contacto con el gobierno. El mandatario, días después, solicitó a los captores deponer las armas y permitir la evacuación de todos los rehenes, rechazando las demandas del MRTA. A medida que avanzaban las conversaciones y liberaciones parciales, se produjeron intercambios de comunicados y propuestas entre ambas partes VLADIVIDEOS En septiembre de 2000, se develó un vídeo (el primer vladivideo) en el que Montesinos le entregaba USD 15 000 al congresista de la oposición Alberto Kouri para que se pasara a las filas del partido de Fujimori. Una semana después, fugó del Perú hacia Panamá tras el develamiento de una gran cantidad de filmaciones y grabaciones de voz en donde se le observa repartiendo dinero y favores a empresarios y políticos peruanos. Estos hechos marcaron el fin del fujimorato. Las investigaciones revelaron la implicación de Montesinos en una amplia gama de actividades ilegales, como malversación, tráfico de drogas y organización de ejecuciones extrajudiciales. Posteriormente fue capturado, juzgado y condenado por múltiples cargos. DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN DE FUJIMORI El expresidente peruano Alberto Fujimori fue detenido, juzgado y condenado por varios delitos relacionados con corrupción y violaciones de derechos humanos ocurridos durante su gobierno. Fujimori fue presidente de 1990 a 2000. Su presidencia terminó cuando huyó del país en medio de un escándalo de corrupción. Después de que Fujimori huyera a Japón, el Gobierno de Perú solicitó su extradición. Sin embargo, debido a que Japón reconoce a Fujimori como ciudadano japonés en lugar de peruano en virtud de la norma de la nacionalidad dominante, y dado que Japón se niega a extraditar a sus ciudadanos a otros países, Fujimori no fue extraditado desde Japón. Buscado en Perú, Fujimori mantuvo un exilio autoimpuesto hasta su detención mientras visitaba Chile en noviembre de 2005. En septiembre de 2007 fue extraditado a Perú para enfrentarse a cargos penales. En diciembre de 2007, Fujimori fue declarado culpable de ordenar un registro e incautación ilegales, y condenado a seis años de prisión. La Corte Suprema de Perú confirmó la sentencia tras su apelación. En abril de 2009, Fujimori fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos y condenado a 25 años de prisión por su participación en asesinatos y secuestros cometidos por el escuadrón de la muerte grupo Colina durante la lucha de su gobierno contra las guerrillas izquierdistas en la década de 1990. La sentencia, dictada por un tribunal de tres jueces, supuso la primera vez en la historia que un jefe de Estado electo ha sido extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones de los derechos humanos.En concreto, Fujimori fue declarado culpable de asesinato, lesiones y dos casos de secuestro. En julio de 2009, Fujimori fue condenado a siete años y medio de prisión por malversación de fondos tras admitir haber entregado 15 millones de dólares del erario peruano a Vladimiro Montesinos. Dos meses después se declaró culpable en un cuarto juicio por cohecho y recibió una condena adicional de seis años. Según la legislación
