Constitución política.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y
procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la
oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé
certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta
y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición
de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley
prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto
será sancionado por la ley penal.
Artículo 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente,
en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas,
robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales,
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo
de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades,
delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en
materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por
particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la
salud.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Artículo 26. Reglas de incompetencia
Para la decisión de la incompetencia se observarán las siguientes reglas:
I. Las que se susciten entre Órganos jurisdiccionales de la Federación se
decidirán a favor del que haya prevenido, conforme a las reglas
previstas en este Código y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y si hay dos o más competentes, a favor del que haya
prevenido;
