Informe Demostrativo sobre la Masacre de Atenco: Violaciones Graves de Derechos Humanos, Monografías, Ensayos de Comunicación

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‘ATENCO’

INFORME DEMOSTRATIVO

Estivaliz Guadalupe Galaviz Flores | Comunicación | 23 de abril del 2021

Recordando la Masacre de Atenco Primeramente, cabe mencionar que Atenco es uno de los casos más emblemáticos de la represión de la protesta en México, y todo tiene un comienzo. Desde el decreto expropiatorio de sus tierras en el año 2001, y después de casi un año de enfrentamientos entre el gobierno y el FPDT, la presidencia decidió finalmente cancelar este decreto, solo hasta el 2006, donde el gobierno federal implemento y diseño un operativo para reprimir al FPDT, el cual dejo como resultado un caos legal, torturas, abuso sexual, así como un vacío en los derechos humanos, las garantías individuales e impunidad. Además, que le tomo al gobierno federal varios meses en cancelar un proyecto al cual se oponían la gran mayoría de la comunidad de san salvador Atenco. LOS HECHOS Los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, ocurrieron una serie de enfrentamientos entre los pobladores de dichos municipios y elementos de las policías federal, estatal y municipal, que mostraron una manifestación ilimitada de la fuerza pública del Estado. Lo que inició como un conflicto entre floricultores y las policías estatal y municipal, desató una serie bloqueos carreteros, marchas y enfrentamientos entre inconformes y policías, que dejaron un saldo de dos muertos y 191 detenidos, de los cuales 183 denunciaron abusos policiales y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales, todos ocurridos durante su detención y traslado. En este sentido, el Pleno abundó en que la intensidad, la violencia y el exceso en el que se incurrió en el uso de la fuerza pública se materializaron en diversas violaciones de derechos fundamentales. Destacando las siguientes: Derecho a la vida. Dos jóvenes perdieron la vida, uno de ellos era menor de edad. El Pleno determinó que aunque no se pudiera establecer contundentemente que fueron policías quienes privaron de la vida a los jóvenes, esas defunciones ocurrieron en el marco de una confrontación abierta entre civiles y policías, de operativos ejecutados en modos injustificables. Esto permite sostener que el derecho a la vida de estos jóvenes fue quebrantado por la autoridad, porque el Estado no cuidó los deberes positivos que este derecho implica al usar ilícitamente la fuerza pública. Derecho a la libertad sexual, a la no discriminación por género y a no ser torturado. Se denunciaron 31 casos de agresiones sexuales, que iban desde manoseos hasta penetración vaginal, generalmente acompañados de violencia física y moral. Estos actos violentaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y, en razón de que fueron proferidos sólo a las detenidas, la violación a este derecho se asocia con la violación a su derecho a la no discriminación por género. Derecho a la integridad personal y derecho a no ser torturado. El análisis de las agresiones físicas y lesiones que, propinadas por policías, sufrieron los detenidos, así como los periodistas que cubrían

Ya por último solo me queda decir que La fuerza pública debe ejercerse, además de excepcionalmente, sólo en la medida en que es necesaria, tomando las precauciones para minimizar los riesgos de su uso. Pero todo fue culpa de la presidencia municipal que fue la que decidió usar la fuerza policial según ellos ,como un medio para lograr la reubicación del comercio ambulante, a, pero también fue a petición de dicha administración que la policía estatal iniciara su intervención en la conflictiva. Hasta el momento siguen protestando para que se haga justicia por las victimas y defender sus derechos humanos, por lo ocurrido , principalmente los derechos de la mujer, el cual fue un hecho que quedo impune dentro de la jurisdicción interna debido a que no se investigo exhaustivamente, ni se sanciono a los responsables, situación que se considera es el resultado de la respuesta autoritaria del gobierno por la falta de dialogo, voluntad política para negociar y un desconocimiento para resolver conflictos sociales.