ILICITUD DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO
Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS
Autora: Geraldine Escalona Brito
“Cualquier evidencia obtenida en violación de derechos fundamentales no solo
es inadmisible, sino que también socava la integridad del
sistema judicial y viola el debido proceso”
La ilicitud de las pruebas en un proceso penal, es decir, aquellas
evidencias que se obtienen en violación de derechos fundamentales
protegidos por la ley, transgreden de manera flagrante el debido proceso, y en
consecuencia la admisión de evidencias obtenidas de manera ilegal vulnera el
principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, socavando
la confianza en el sistema judicial, y deslegitimando las decisiones judiciales
condenatorias o absolutorias.
En principio la doctrina es amplia al respecto, y a este efecto Bello
(2015), ofrece una definición clara de la prueba ilícita, concibiéndola como
aquella que se obtiene o produce violando los derechos fundamentales de las
personas, en un sentido más amplio, incluye cualquier prueba que se haya
obtenido en violación a la Constitución, la Ley, la moral, las disposiciones
generales y principios. Es decir, no solo se refiere a las violaciones directas a
los derechos, sino también a cualquier acción que vaya en contra de las
normas y principios que rigen el proceso; por su parte, la prueba ilegal, según
Bello, se refiere específicamente a aquellas pruebas que están prohibidas por
la Ley para ser producidas o presentadas como medios de prueba.
En ese sentido, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV, 1999), siendo profundamente garantista, consagra en el
artículo 25 que todo “…Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe
los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo”, concatenado
