Las penas y las medidas de seguridad impuestas por la comisión de un delito
La pena es una institución de derecho público que limita los derechos de una persona que ha cometido una
infracción criminal. Es establecida mediante una sentencia firme emitida por un órgano judicial.
Las medidas de seguridad consisten en medios que se adoptarán para prevenir, tanto en caso de personas
que han cometido delitos, mientras no son juzgados, como en el caso de personas peligrosas o incapaces
que cometen delitos.
Dispone el artículo 3.1 CP que, “no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de
sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales” . De aquí se
deduce el Ius puniendi del Estado. Esto implica que, el Estado, a través de sus órganos, persigue, juzga y
sanciona a los que cometen un delito.
La pena se caracteriza por ser: personal, necesaria y suficiente, pronta e ineludible e individualizada.
1. Personal: una pena es personal porque afecta a la persona que ha cometido el acto delictivo. El carácter
personal cumple dos funciones, una relacionada con el principio de culpabilidad, con el que se garantiza
que se castigará al responsable del hecho. Y otra con la pena se castiga al responsable del acto, por lo que
se hace una prevención a la comisión de los delitos.
La personalidad de las penas hacía considerar que, solamente las personas físicas podían hacer frente a la
consecuencia de un delito, sin embargo la modificación del Código Penal en 2015 incluyó en el artículo 31
del Código Penal la posibilidad de castigar a las personas jurídicas. Este precepto tiene el fin de evitar
lagunas punitivas que se daban en los delitos especiales relacionados con personas jurídicas, cuando se
necesita para imputar la autoría, ciertas cualidades personales en el sujeto activo que en algunos supuestos
solo se dan en las personas jurídicas y no en las físicas que actúan como representante o administrador.
Esto ha sido apoyado por la doctrina del TS y el TC en STS 455/2017, de 21 de junio; STS 86/2017, de 16 de
febrero.
La valoración penal de los delitos referentes a personas jurídicas debe seguir los siguientes pasos:
Las actividades y formas de actuar de la empresa se consideran penalmente relevantes (acción u omisión).
Éstos se imputan penalmente a los directivos de las empresa como acciones propias, siguiendo el orden
interno de atribución de responsabilidad. Se recoge aquí el "concepto social de autor" según el cual el
dominio del hecho se sustituye por la responsabilidad social (STS 86/2017, de 16 de febrero; STS 338/2015,
de 2 de junio).
