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Este documento analiza el contexto político y económico que rodeó al último régimen militar argentino, desde el golpe de estado de 1976 hasta la transición a la democracia en 1983. Se examina cómo el proyecto fundacional del gobierno militar se fue desgastando por el fracaso económico, el desprestigio político y la debilidad de las fuerzas armadas. También se aborda el papel de las organizaciones de derechos humanos, como las madres de plaza de mayo, en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia durante y después de la dictadura. El documento proporciona una visión general de cómo las políticas de derechos humanos evolucionaron en argentina en las décadas posteriores, incluyendo los indultos y la anulación de las leyes de obediencia debida durante el gobierno de menem en los años 90.
Tipo: Resúmenes
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Porque en el periodo de 1976 surgía el poder militar con sus múltiples formas de intervención en la escena política, las FF.AA. desplazaron del poder al partido mayoritario de ese momento, el justicialismo, elegido democráticamente en 1973 con el apoyo masivo del 49,5% de los votos. No obstante, la mayoría de los argentinos no ofreció resistencia. En efecto, el Estado democrático no pudo contener en su interior, y mucho menos resolver, las tensiones sociales acumuladas durante décadas. Estas condiciones políticas y sociales desfavorables para el gobierno Justicialista fueron las que abrieron paso a la intervención castrense. Los militares sabían que la descomposición del régimen peronista era el camino más corto al poder y solo había que esperar el momento oportuno. Los partidos políticos no supieron encontrar una salida institucional a la crisis y la dirigencia sindical no podía movilizar a la retraída clase obrera detrás de la defensa de Isabel Perón. El golpe tenía las puertas abiertas. Una parte de la opinión pública esperó deseosa la intervención y la otra, mayoritaria, resignada. A pocos días del golpe, los funcionarios castrenses se jactaban de la buena aceptación que había tenido en la sociedad el Proceso de Reorganización Nacional, según la denominación dada por las Fuerzas Armadas a la intervención. La estrategia discursiva de las FF.AA. estuvo destinada en una 1° época a legitimar su intervención en el escenario político. El golpe del 76 buscaba su legitimación mediante la conocida teoría del ‘vacío de poder’, el argumento del ‘caos económico y social’ y el peligro de la ‘subversión terrorista’, que conducían a la ‘disolución de la Nación’ y a la ‘anarquía’, tal como lo estableció la Proclama de la Junta de Comandantes conocida el 24/3. El ciclo militar en la Argentina comenzó en 1930. Desde entonces y hasta el 76 se produjeron 6 golpes de Estado, que dieron por tierra la legalidad constitucional en los 46 años de vida institucional que separa a una fecha de la otra. El ‘pretorianismo’ es la aceptación de la participación de los militares en la esfera política.
La producción de un nuevo orden fue la mayor aspiración que tuvo la corporación militar en el 1976. En un discurso, el presidente Videla se refería a la participación de las FF.AA. en el futuro orden político: ‘Reorganizar institucional y políticamente el país, con la
finalidad de concluir con los ciclos pendulares de gobiernos civiles y militares, instaurando una democracia estable.’; ‘Asegurar la inserción de las FF.AA. en el sistema político, con el objetivo de posibilitar su participación en la toma de decisiones’. Este era el objetivo a largo plazo, pero en lo inmediato el autoritarismo militar pretendía poner en marcha un plan de reforma económica y de disciplinamiento social. Los dos principios básicos del programa anunciado por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, fueron la función subsidiaria del Estado y la apertura de la economía. El régimen militar pretendía, por tanto, fundar una nueva etapa en la vida argentina sobre la base de afianzar otra hegemonía en la sociedad, donde las FF.AA. juegan un rol protagónico en la reestructuración del Estado y la sociedad, buscando configurar un nuevo sistema de dominación autoritaria. Los triunviros de la Junta Militar permanecían en el cuerpo colegiado en tanto no fueran revelados como comandantes en jefe de su fuerza y el presidente de la Nación era elegido por la junta por un mandato de 3 años. En segundo lugar, la Junta Militar se arrogó el poder constituyente, porque sus actos y normas tienen prioridad y están por encima de la Constitución Nacional. A pesar de la figura de dictadura institucional con la que se ha caracterizado al golpe del 1976, se puede hablar de diversas etapas en el interior del Estado autoritario. Ellas fueron 4, con su desigual extensión y coincidieron con la sucesión de las presidencias militares: Videla, Viola, Galtieri, Bignone.
El 1° presidente del Proceso de Reorganización Nacional fue el Gral. Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar. Asumió esas funciones el 29/3/76 y las ejerció durante 5 años, convirtiéndose en el presidente militar que más tiempo permaneció en su cargo en la breve historia del último régimen de facto. Con la designación de Videla, se resolvió en una primera etapa la distribución del poder compartido que caracterizó a este gobierno, aunque más tarde se abriría la discusión en la corporación militar sobre la estructura de poder. En cuento a los planes políticos, las FF.AA. permanecieron unidas sin fisuras, durante todo el tiempo, por el único objetivo de la lucha contra la subversión. En cambio, en la discusión de las metas a corto y largo plazo vieron agravados sus antagonismos. Una interpretación global de la estrategia militar nos empuja a creer que antes que planes políticos diseñados por los diversos protagonistas hay que pensar en términos de lógicas de acción diferenciadas. La finitud de los planes políticos y las diferencias interarmas, que da el apoyo incondicional del presidente Videla al plan económico de Martinez de Hoz, que no se ubica cómodamente junto al proclamado postulado de promoción del desarrollo. Con anticipación, se podría concluir que el de Martinez de Hoz fue el único plan político, que las FF.AA., o un sector de ellas, impulsaron con cierta coherencia y continuidad. En el período de Videla encontramos 3 propuestas políticas: dos de ellas pertenecen al campo estrictamente militar y tercera procedía de un sector de las FF.CC. que
El cambio radical en el funcionamiento de la economía fue llevado a cabo en los primeros 4 años del régimen militar. La apertura de la economía, la paridad cambiaria y la política arancelaria produjeron un daño irreparable en la industria nacional. Importantes sectores de la vida nacional se vieron perjudicados por una caída notable en el poder adquisitivo salarial, el aumento de la especulación financiera y la caída global de la demanda. El resultado más tangible fue la quiebra de fábricas, la irrupción de artículos importados y la invasión de nuevos blancos y organismos financieros con los plazos fijos a ‘7 días’. La política de transformación económica del proceso militar se apoyó en 2 grandes columnas: la apertura económica y la reforma financiera de junio del 1977. A partir de esta reforma el equipo económico acomodó un mercado libre de capitales, en el que a la liberalización de las tasas de interés constituía uno de sus elementos preponderantes. Durante la gestión de Martínez de Hoz las tasas de interés fueron superiores al ritmo de la evolución del tipo de cambio. La política de cambios atravesó por diferentes etapas. Se inició la nueva etapa en la que se fijaba anticipadamente el valor del dólar. Nacía así la época de la ‘tablita cambiaria’, la nueva estrategia buscaba controlar el movimiento de la economía mediante el manejo del tipo de cambio. El atraso cambiario desalentó las exportaciones y promovió las importaciones. La crisis financiera de 1980 puso en evidencia la vulnerabilidad del nuevo sistema. La decisión del cierre del Banco Interamericano Regional, marcó el comienzo de la crisis financiera. La deuda externa ocupó un capítulo especial en la estrategia económica de Martínez de Hoz. A partir del 1978 la deuda externa se triplicó al aumentar de 8500 millones de dólares en diciembre del 1979 a 25300 millones en marzo del 1981. El endeudamiento creciente de los argentinos no se debió a los requisitos de desarrollo del país, sino a la especulación financiera provocada por la instrumentalización del tipo de cambio y al aumento de los créditos externos. El plan de Martínez de Hoz concentró las primeras críticas al gobierno militar. Las críticas públicas y generalizadas incluían las condenas de los sectores que apoyaban abiertamente la gestión autoritaria. Las críticas aumentaron después de la reforma financiera de junio de 1977. Surgió un foco de conflicto con un sector del Ejército ligado a la Dirección General de Fabricaciones Militares que pretendió transferir al ámbito privado algunas empresas dependientes de esa dirección general. La crisis económica no encontraba un camino de resolución oficiales de la Aeronáutica y de la Marina hicieron oír su voz, en especial el almirante Emilio Massera. El Gral. Viola, comandante en jede del Ejército, tuvo que reconocer en el mes de octubre de 1978 que el gobierno no había podido contener la inflación y que persistían la recesión industrial y el deterioro salarial. Las desaprobaciones partieron igualmente desde el campo de la oposición sindical y política en numerosas ocasiones. La oposición política se pronunció abiertamente contra las distorsiones del sistema económico y alertó sus efectos perniciosos. La recuperación económica de la Argentina se había convertido en un elemento clave para el futuro de la dictadura militar. Martínez de Hoz logró permanecer en el cargo, a pesar de las crecientes embestidas, por la firmeza de dos respaldos fundamentales: el del presidente Videla y el de los círculos financieros del exterior.
Tanto la Cámara Federal, que juzgó a los comandantes, como la Corte Suprema establecieron la existencia de un plan criminal que estaba en la base de las denuncias de los hechos atroces y aberrantes que se cometieron. El Estado autoritario organizó una estructura represiva, paralela y oculta que controlaba ‘centros clandestinos de detención’ y ‘grupos operacionales secretos’. El sistema de detención-separación respondió al siniestro objetivo de someter al individuo al mayor aislamiento y soledad. El detenido- desaparecido, privado de toda protección legal y defensa, fue sometido al dominio total de sus captores, sin que se recabaran noticias de su persona. La trasgresión de esos derechos excedió la esfera individual de c/ ciudadano para implicar también una agresión a la sociedad, una violación de los principios constitutivos de la política. La posición de las FF.FF. en el tema de los DD.HH. fue unívoca desde el inicio de la denominada ‘guerra sucia’ hasta la autocrítica del Gral. Martín Balza del mes de abril de
Los partidos políticos fueron emergiendo como interlocutores válidos, sin que hubiera necesidad de esperar la apertura institucional para su retorno. Durante los 2 primeros años, los partidos de la oposición abrieron un compás de espera con la tesis de que el gobierno no podía culminar con una salida exclusivamente militar. Recién a fines del 1978 se generalizaron los pronunciamientos públicos cuando el Estado autoritario empezó a tener dificultades para contener las disconformidades crecientes. Entre 1978 y 1981 las coincidencias civiles se estructuraron en torno a los puntos
primer discurso presidencial que no había sido designado por la Junta Militar para presidir la liquidación del Proceso. El Gral. Viola era acusado de encarar una política que se mostraba inclinada un entendimiento con los partidos tradicionales. Se señaló lo que el nuevo gobierno entendía que eran los 4 grandes problemas de la economía argentina: la alta inflación, el atraso cambiario, la falta de rentabilidad empresarial y el mínimo crecimiento. La Junta Militar tiene el poder total y el delega en el Poder Ejecutivo las responsabilidades constitucionales que corresponden al presidente de la Nación. En el nuevo paisaje, cuando soplaban vientos de liberalización para las actividades políticas y gremiales, se perfilaba también una apertura en la esfera de la cultura por la gravitación de los mismos hechos. La Argentina de principios de 1981 había empezado a movilizarse. Una sociedad que había sido empequeñecida y atropellada culturalmente comenzaba a recomponer un espacio democrático y a reconquistar el respeto de sí misma. El acceso de Viola al gobierno, con la imagen predibujada de una apertura política, hizo pensar a la clase dirigente que se había iniciado en el país los procesos de discusión sobre la transición democrática. La Junta Militar, centro del poder, se pronunció por la continuidad del Proceso por un período superior a 1984. Nadie podía imaginar en el 1981, cuando se reclamaba la urgente normalización institucional, el desenlace fatal de la dictadura militar, pues la derrota militar frente a los ingleses iba a herir de muerte al gobierno militar. La apertura que podía ofrecer el gobierno de Violar no dejaba de ser frágil. Se puede resumir de la sig. manera el alcance de la apertura: se creó un clima de distensión política y cultural, con mayor libertad de expresión; la liberación de la ex presidenta Isabel Perón en el mes de julio, cuyo propósito fue abrir una negociación con el peronismo; la consulta con los partidos y no son las personalidades políticas; y la mayor participación de civiles en el gabinete nacional, principalmente en el área económica. La multipartidaria y la recomposición de la oposición nació del radicalismo, precisamente de la agrupación política que durante todos estos años había sido retractaría a un acuerdo interpartidario. La multipartidaria no pretendía conformar una alianza anti-autónoma. Su objetivo era la creación del escenario de transacción en el cual se sentarán las bases de la transición democrática, la tarea no era simple. Aunque deteriorado, el Estado militar no se percibía agotado, como para dejar lugar a un sistema de partidos que hasta ese momento no había sabido superar su situación de debilidad. El hecho político más significativo de las formaciones partidarias durante esos años tuvo una repercusión favorable en la sociedad. La corporación militar se situó entre la desconfianza y el rechazo. Para su núcleo “duro”, la convocatoria de la Multipartidaria tenía el propósito deliberado de constituirse es un frente electoral, semejante al que existió en 1973 con el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), en esa oportunidad no lo integraba el radicalismo. Los temores a una alianza antidictatorial se agitaban como un fantasma entre los componentes de las Fuerzas Armadas. La figura convocante fue Ricardo Balbín y no Cámpora o Perón, como en 1972 y 1973.
El tercer presidente militar no sólo proponía retornar a las “fuentes del proceso” con un gabinete ideológicamente homogéneo, sino que pretendía recuperar la autoridad de la figura presidencial y del gobierno militar, erosionada por el desgaste de seis años de administración malogrados y de enfrentamientos internos, las dudas sobre el futuro rumbo del régimen nacían en el campo de la sociedad civil frente a un equipo gubernamental dispuesto a llevar adelante las ortodoxas promesas progresistas largamente postergadas. Era un gobierno que parecía llegar con la esperanza de poder recomponer el proyecto autoritario resquebrajado y en crisis. Los militares y Galtieri sabían que estaban frente a la última carta del régimen militar. Galtieri asumió la presidencia el 22 de diciembre de 1981. En el curso de seis años de gobierno militar, dos factores concomitantes fueron agravando las diferencias internas y restando margen de maniobra al Estado autoritario: fracaso económico y el desprestigio político de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo refundar las bases de legitimación de un sistema de dominio autoritario? Un hecho militar, como la Guerra de Malvinas, que despertó el apoyo masivo de la sociedad, resulto el medio ideado para conferir legitimidad a la crisis del régimen. Su estrategia política se asentó en cuatro puntos que implicaban un giro notable a la relación con la administración saliente: ● La elección de Roberto Alemann en el Ministerio de Economía, para impulsar un plan de ajuste estructural, apoyando severas políticas monetarias y fiscales. ● El desarrollo de una línea de acercamiento con EEUU. El canciller Nicanor Costa Méndez era el encargado de definir los puntos de contacto, desde una visión exageradamente occidentalita, con el país del norte. ● El aliento presidencial a la formación de un nuevo partido que ocupara un lugar destacado, como tercera fuerza, en el futuro mapa partidario. ● La ocupación de las Islas Malvinas como un modo de organizar el consenso social y de proporcionar legitimidad a un régimen carente de otras alternativas, utilizando una reivindicación histórica muy sentida por los argentinos. Galtieri encaro la gestión de gobierno. Con Alemann se asegura la aplicación de recetas neoliberales, reforzada por sus colaboradores Solanet y Bustamante, calificados por Martínez de Hoz como “mis mejores muchachos” en la ceremonia de asunción de los nuevos funcionarios del Ministerio de Economía. Los dirigentes de la Multipartidaria, luego del rápido agotamiento del gobierno de Viola, expusieron su preocupación por la línea que se insinuaba, corporizada en los hombres del gobierno. Se mantuvieron aferrados a las demandas y aspiraciones de sus documentos públicos. Si bien en su mayoría se manifestaban partidarios del dialogo con el gobierno, no tomaron la iniciativa de concentrar una relación. El proyecto político de Galtieri se asentó en un trípode basado, en primer lugar, en la promesa de confección de un estatuto que regiría el funcionamiento de las agrupaciones políticas y la preparación de un cronograma político, en segundo término, trato de crear un partido oficial y, por último, intento restaurar la economía liberal.
Con la autodisolución de la Junta Militar, cuatro días antes de la instalación de las autoridades democráticas, se ponía fin al Proceso. El fracaso autoritario de la gestión de gobierno y la derrota militar en la aventura del Atlántico Sur no fueron ajenos a la decepción y al repudio manifestado por la ciudadanía al final de un proceso que en sus inicios suscito importantes apoyos. El triunfo electoral del Radicalismo planteaba la posibilidad de una vuelta de página en la entrecortada historia política argentina, así como el inicio de un nuevo liderazgo social. El acto electoral del 30 de octubre tuvo un doble significado: Clausuro el régimen autoritario de 1976 y cerró el sistema de alternancia de poder entre civiles y militares y, por otro, Quebró la hegemonía electoral de cuatro décadas del peronismo. Un nuevo ciclo se abría en la Argentina: “La reconstrucción de la democracia y la consolidación de un sistema político civil”.
Los antecedentes históricos que sitúan a los derechos humanos como política de estado se detallaran a continuación: En lo que respecta a los derechos humanos en Occidente, es una respuesta a la modernidad, especialmente al poder de la burguesía y la monarquía. Desde la Revolución Francesa y la declaración de derechos humanos en la Constitución norteamericana, este marco interpretativo le ha permitido participar en las luchas sociales y políticas. En el escenario internacional, esto no se reflejó en la Declaración de Derechos Humanos de 48 años hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar que no hubo consenso internacional inmediato y muchos países no corrigieron la declaración. Los países latinoamericanos son muy activos en la formulación de la declaración. En cuanto al marco de derechos humanos, no formuló una implementación de políticas específicas hasta la década de 1970. En este caso, la declaración se convirtió en un marco legal para el desarrollo de la acción política y permitió mencionar su condena y demandas. Violencia y violaciones, pero estas no están definidas por lenguaje y conceptos que se refieren a los derechos humanos. Durante esta década, las redes internacionales y regionales de derechos humanos de América Latina han jugado un papel fundamental. Están surgiendo organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos. De esta manera, en el escenario internacional, se reorganizó el tema, y hasta ahora, el enfrentamiento entre Occidente y el grupo comunista aún domina.
El escenario político en la década de 1970; violación, denuncia y contención. En ese momento histórico, la violencia política perpetrada por el Estado era generalizada. Además de otro tipo de acciones atroces, también se han llevado a cabo detenciones ilegales y torturas a presos políticos. Algunas organizaciones trabajan para proteger a los soldados políticos, como la Coalición Argentina de Derechos Humanos establecida por el Partido Comunista. Del mismo modo, existen organizaciones dedicadas a proteger a los grupos subordinados. En la primera mitad de la década de 1970 se restableció con mayor fuerza la violencia política, se sustituyó por organizaciones de oposición y se llevaron a cabo proyectos revolucionarios, entre ellos luchas armadas como Montoneros y el Ejército Revolucionario. En el contexto del golpe de 1976, se extendió la violencia política y se liberó la represión ilegal. Con el golpe, el ejército gobernante estandarizó la práctica de la represión secreta. Estas prácticas se basaron en el secuestro de personas que fueron torturadas en centros de detención secretos. Muchos de estos secuestrados están desaparecidos. Cabe señalar que dos métodos de represión se han vuelto simbólicos. Apropiación indebida y cambio de estatus de personas desaparecidas forzadas y niños secuestrados de sus padres. También se llevó a cabo la neutralización de la organización, restricciones a la libertad, etc. El primer informe sobre "derechos humanos" se creó en 1975, cuando se intensificó la violencia.
democracia tuvo un gran impacto en el movimiento de los derechos humanos. La memoria, la verdad y la justicia se han convertido en los pilares de la transición en el sentido de que los procesos de memoria, verdad y justicia se identifican como procesos que culminan en juicios por crímenes de lesa humanidad contra los responsables de violaciones de derechos humanos en el marco el terrorismo de Estado que tuvo lugar durante la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983. Estos incluyen las acciones de organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo o HIJOS, así como las diversas políticas públicas como la creación de la CONADEP, la creación de leyes de reparación, la restitución de niños aptos, verificaciones de la verdad, el marcado de lugares de recuerdo en Argentina. en las salas en las que funcionaban los centros secretos de detención y la creación de espacios de memoria. Estos juicios, que buscan averiguar la verdad de hechos históricos, tienen como objetivo combatir la impunidad de los represores argentinos y el genocidio. Estos procesos de consolidación de la democracia han convertido a la Argentina en un referente internacional en materia de derechos humanos. Las madres de Plaza de Mayo resultaron ser opositoras al gobierno, la lucha de las madres se centró en la lentitud de la justicia, y reclamaron el bajo nivel de compromiso e involucramiento de la sociedad en la averiguación previa y futuros juicios. En 1984 la
secuestrar bebés. La audiencia del "Juicio de la Verdad" también comenzó en La Plata. 992 son herramientas que funcionan en esta situación.