En consecuencia, se crea la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad
Pública o Social, donde en su artículo 03, define una obra de utilidad pública como
aquella que tiene como objeto principal proporcionar a la República en general, a los
estados o municipios cualquier uso o mejora que procuren el beneficio común. Es
importante resaltar que esta ley en su articulado siguiente indica los requisitos y
mecanismos legales para que la expropiación se lleve a cabo:
En primer lugar, se debe iniciar con la Declaración de utilidad pública o interés
social, donde el Estado, a través de sus órganos competentes, declara que un bien
o derecho es necesario para satisfacer una necesidad pública o de interés social,
esta declaración debe estar debidamente justificada y fundamentada en la ley.
Una vez declarada la utilidad pública, se debe notificar al propietario del bien
o derecho que será objeto de expropiación para que comparezca ante la entidad
expropiante dentro de un lapso de 30 días, en este momento, también se realiza un
avalúo del bien para determinar su valor justo, el cual servirá de base para la
indemnización.
Posteriormente, se abre un período de negociación amigable entre el Estado
y el propietario para intentar llegar a un acuerdo sobre el monto de la indemnización,
si se llega a una decisión favorable, se procede al pago y a la transferencia del bien,
en caso contrario, el Estado puede iniciar un procedimiento judicial ante los
tribunales competentes; durante este proceso, se determinará la procedencia de la
expropiación y el monto de la indemnización considerando el justiprecio; en esta
fase también el propietario tiene el derecho a presentar pruebas y alegatos en su
defensa.
Una vez que exista una sentencia firme que declare la expropiación, el
Estado debe proceder al pago oportuno de la indemnización justa al propietario.
