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Tipo: Apuntes
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El caso en revisión 1388/2015, conocido comúnmente como el caso de Marisa, ha sido objeto de un extenso análisis jurídico debido a las implicaciones significativas en materia de derechos humanos y el debido proceso en México. Este caso destaca por las alegaciones de violaciones de derechos fundamentales y ha sido un punto de referencia en la evolución de la jurisprudencia nacional.
Marisa fue víctima de violencia doméstica y, tras separarse de su agresor, solicitó la custodia de sus hijos y la disolución del matrimonio. Sin embargo, el Juez de Primera Instancia falló en su contra, negándole la custodia de sus hijos y emitiendo decisiones que Marisa consideró discriminatorias y violatorias de sus derechos humanos. Marisa interpuso un amparo indirecto, argumentando que las decisiones judiciales violaban sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a una vida libre de violencia. El Juez de Distrito concedió el amparo, pero la decisión fue recurrida y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Marisa, una ciudadana mexicana, fue acusada de un delito grave y posteriormente condenada a una larga pena de prisión. Sin embargo, desde el inicio del proceso judicial, se identificaron varias irregularidades en la investigación y el juicio, tales como la presunta fabricación de pruebas, el testimonio coaccionado de testigos, y la falta de una defensa adecuada. El recurso de revisión 1388/2015 fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de revisar las decisiones judiciales
anteriores y determinar si se habían cometido violaciones a los derechos procesales de Marisa.
Uno de los aspectos centrales del caso fue la evaluación del derecho a un juicio justo. La Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan este derecho fundamental. En este contexto, se examinó si Marisa había recibido un juicio imparcial y si las pruebas en su contra habían sido obtenidas de manera lícita. Además, se consideraron las garantías del debido proceso, las cuales incluyen el derecho a ser oído, el derecho a una defensa adecuada y el principio de presunción de inocencia. Las irregularidades detectadas en el caso de Marisa indicaron posibles violaciones a estas garantías, lo que suscitó un debate sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial para prevenir futuros errores.
Derecho a la Igualdad y No Discriminación: La SCJN subrayó la importancia de aplicar un enfoque de igualdad de género en los procesos judiciales y reconoció que las decisiones anteriores habían sido discriminatorias. Violencia Doméstica: Se reconoció la gravedad de la violencia doméstica sufrida por Marisa y se enfatizó la necesidad de que los jueces consideren este contexto al tomar decisiones sobre custodia y otros asuntos familiares. Interés Superior del Menor: La resolución reiteró que el interés superior del menor debe ser el criterio primordial en los casos de custodia, y que este interés debe ser evaluado considerando todas las circunstancias, incluyendo la violencia doméstica.
El caso de Marisa no solo afectó su situación personal, sino que también tuvo un impacto significativo en el sistema judicial mexicano. La revisión del caso