Violencia y Economía en Colombia: Análisis Económico, Monografías, Ensayos de Teoría Política

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Economía y violencia en Colombia

C A R L O S M A R I O G Ó M E Z Universidad de Alcalá

'!Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al a^arj me lo ganó la vioknáa" José Eustasio Rivera. 1^ Vorágine, 1924

El autor agradece los comentarios de los participantes en el Primer Seminario de la Cátedra Colombia sobre Economía, Violencia, Conflicto Político y Perspectivas de Paz, organizado por la Universidad de Alcalá en el marco de las Cátedras del Banco Santander Central Hispano

La historia colombiana durante el siglo que acaba de terminar ha estado marca- da por la violencia. Si hace cien años la transición al nuev^o siglo se produjo en el escenario de la Uamada "guerra de los mil días", ahora el país recibe el nuevo milenio con unas conversaciones de paz que no han conseguido invertir la ten- dencia al aumento de la confrontación armada que viene desde 1984. Entre es- tas dos confrontaciones se encuentra el período llamado de "la violencia" que tuvo como desencadenante el magnicidio de Jorge Eüecer Gaitán en 1948 y se extendió, al menos, hasta el final del gobierno militar en 1958.

Como cabe esperar, en Colombia se ha investigado con profusión el fenómeno de la violencia. El propio gobierno militar encargó en 1958 el Informe de la Comi- sión Investigadora de las Causas de la Vioknáa, con el propósito de "investigar la vio- lencia partidista e identificar las secuelas dejadas por eüa". Comparado con "la violencia", el Frente Nacional que le sucedió fue una etapa de relativa "tranqui- lidad", en que los índices de violencia alcanzaron niveles comparables a los de otros países del entorno.

Las cosas, sin embargo, empezarían a cambiar desde comienzos de los años 70. Treinta años después del primer informe, vio la luz el trabajo de la Comisión de Estudios Sobre la Violencia, en el que no sólo se constataba que los indicadores de criminalidad habían alcanzado cotas que rememoraban el período de "la vio- lencia", sino que también se ponía de manifiesto el cambio en la estructura de la violencia política, ahora claramente subversiva, y la aparición de nuevas for- mas relacionadas con el narcotráfico y con la extensión de la violencia predo- minantemente social. Se señalaba también que, entonces como ahora, estas dos últimas modalidades generaban en su conjunto un mayor número de muertos

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do y encontrareis la desigualdad como única causa de fondo». Más reciente- mente, para contrastar esta idea con la observación empírica, esta intuición se convierte en la conocida como "hipótesis de deprivación relativa" (Da'ies, 1962; Feierabend y Feirabend 1966, 1972, Galtun, 1970): la inconformidad so- cial, que está en el origen de las revueltas sociales, surge de la distancia entre las expectativas de bienestar personal y las posibilidades que brinda la sociedad pa- ra su satisfacción. En su versión más simple, esta hipótesis sostiene que existe una elevada correlación entre los índices de desigualdad, con independencia del nivel de desarrollo relativo de los países, y los indicadores de violencia política.

Un ejercicio fácü en el caso colombiano nos indicaría que la escalada de 'iolencia que se ha vivido en Colombia en las últimas dos décadas es simultánea con el au- mento de la desigualdad económica. El auge del movimiento guerrillero, principal forma de organización del descontento bajo la forma de insurgencia armada, es un fenómeno simultáneo al deterioro de todos los indicadores de distribución del ingreso. A pesar de los acuerdos de paz de finales de los años 80, que condujeron a la desmovilización del M 19 y a la Constimción Política de 1991, el número de frentes guerrilleros aumento gradualmente desde los 14 que existían en 1980 has- ta los 102 acmales (un frente está formado aproximadamente por 120 comba- tientes). Simultáneamente, entre comienzos de 1982 y el cuarto trimestre de 1999, la participación en el ingreso del 20 por ciento más pobre de la población se re- dujo en un 30 por ciento (de 4,92% a 3,40% del ingreso total, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares). Al mismo tiempo, el 10 por ciento de las perso- nas que perciben los mayores ingresos ha conseguido aumentar su participación en más de 5 puntos porcentuales (desde el 37,06 hasta el 43,59 por ciento). En los últimos 20 años no sólo se ha acenmado la brecha entre ricos y pobres sino tam- bién entre los niveles de bienestar de las áreas urbanas y rurales; si en 1975 el in- greso medio de las famiHas urbanas era un 50 por ciento superior al de las fami- lias rurales, veinte años después, en 1995, era tres y media veces superior (En- cuesta de Hogares, Velez, et al. 2000).

Sin embargo, a pesar de la elevada correlación entre el aumento de la violencia y el aumento de la desigualdad, no se puede deducir de ello que lo primero sea una consecuencia de lo segundo. La distribución del ingreso en Colombia no es muy diferente de la de otros países de la región donde la insurgencia arma- da no existe, como en el caso de Brasü o el Cono Sur, ha sido derrotada mili- tar o políticamente, como en el caso del Perú, o se han firmado acuerdos esta- bles de paz, como en Honduras o El Salvador. Por otra parte, la propia dura- ción y las características del conflicto armado colombiano, que expulsa

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inversiones productivas de las zonas rurales y ha generado un millón de des- plazados, permiten pensar que la hipótesis contraria, que la violencia es una causa de la desigualdad, podría ser igualmente plausible.

De hecho la hipótesis de deprivación relativa, cuando se aplica a datos de sec- ción cruzada de una muestra amplia de países, no soporta bien los intentos de contrastación empírica. La mayor parte de los estudios empíricos revelan que existe una relación nula o muy pequeña entre los indicadores de violencia y las medidas de distribución del ingreso (véase por ejemplo: Muller, 1985, Snyder, 1978). Incluso la evidencia con respecto al papel de la distribución de la tierra es débil y tales resultados sólo mejoran marginalmente cuando, además de las medidas de distribución, se introducen en los modelos empíricos las medidas absolutas del nivel de ingreso (por ejemplo: Midlarsky, 1988 y Muller et.al. 1989).

La idea matriz según la cual la desigualdad económica genera inconformidad so- cial entra dentro de lo que puede aceptarse a partir del sentido común. Sin em- bargo, sostener que la insatisfacción originada en la desigualdad se expresa nece- sariamente como violencia política es algo que requiere una explicación más ela- borada. En ese sentido, el consenso respecto a la escasa validez empírica de la hipótesis de deprivación relativa, ha Uevado a la investigación de hipótesis alter- nativas dentro de lo que se conoce como la "escuela de mo\Tlización de recursos" (Gamson, 1975; Jenkins y Perrow, 1977, Snyder y Tilly, 1975 y 1978, Muller, 1985 y Muller, et. al. 1989), en la que la cuestión central consiste en explicar las modali- dades de organización del descontento y en precisar los elementos que deben concurrir para que tal organización adquiera el carácter de insurgencia armada. En este enfoque no solo se descartan las relaciones postuladas por la hipótesis de deprivación relativa, sino que, además, se argumenta que la variable explicativa central debe encontrarse en la medida en que los grupos disidentes son capaces de adquirir el control de los recursos necesarios para desarrollar una organización fuerte y efectiva con el propósito de obtener bienes colectivos. Una variante del enfoque de movilización de recursos es la denominada como del "proceso político" que pone el énfasis en tres variables: el nivel de organización dentro de los grupos insurgentes, su creencia en la verosimüimd del éxito de la re- vuelta política y la estructura de oportunidades disponibles para alcanzar sus de- mandas. A partir de ahí suelen identificarse dos condiciones necesarias para que la inconformidad se exprese de un modo violento. En primer lugar, se requiere un régimen político semidemocrático; es decir, un sistema pob'tico que no es com- pletamente represivo- ya que de otro modo no existirían posibilidades de organi-

otra parte, entre 1995 y 1998, al mismo tiempo que en Bolivia y Perú se reducía a menos de la mitad la superficie cultivada de hoja de coca (desde 168.000 a 78. hectáreas según datos de la Drug Enforcement Agency de Estados Unidos), en Colombia la superficie cultivada pasaba de 45.000 a 105.000 hectáreas, la mayor parte de ellas en las zonas de la Orinoquía y Amazonia colombiana que son ac- tualmente el escenario principal del conflicto armado. Finalmente, aunque no existan datos fiables sobre la importancia de la extorsión como fuente de ingresos de la guerrilla, el aumento del número de secuestros anuales reivindicados por movimientos insurgentes, desde 560 en 1980 a más de 2000 en 1996, parece una demostración suficiente de que esta fiaente es importante en la financiación de la guerra.

En suma, atribuir a la falta de equidad la causa del conflicto político armado es, aparte de una simplificación, un razonamiento engañoso que oculta el marco ins- titucional en que se desenvuelve la guerra en Colombia. Solo cuando a la desi- gualdad económica se le unen las condiciones anteriores, un régimen poKrico se- midemocrárico y la existencia de oportunidades de organización de la disidencia, nos encontraremos con que el coste de la organización colectiva no es prohibiti- vo y los grupos disidentes pueden ver en la desobediencia d\ní una estrategia fac- tible para conseguir su objetivo de una mayor influencia en las decisiones políti- cas. Sin duda, esta teoría puede aporta muchos elementos para entender la es- tructura de incentivos económicos presentes en la sociedad colombiana donde, junto con unas condiciones de desigualdad social comparables a las de otros paí- ses, se opta en parte por la violencia para organizar la protesta política.

Violencia y Economía Sin embargo, las explicaciones anteriores, que tienen su origen en la desigualdad económica pero también en el sistema de incentivos que permiten la organiza- ción del descontento, sólo pueden explicar las llamadas "formas negociables" de la violencia; es decir, aquellas que se producen en la lucha por la conquista o el mantenimiento del poder político. Al menos 4 de cada 5 homicidios que se producen en Colombia no guardan relación directa con la confrontación arma- da. Directamente, las acciones de la guerrilla y su confrontación armada con el ejército regular generan un número de muertos que no es superior a 10 por ciento del total de las muertes violentas que se producen en el país. Otro 8 por ciento, en datos de 1998, se debe a asesinatos y masacres perpetradas por gru- pos paramilitares, cuyo número ha crecido notablemente desde 1994. La mayor parte de los cerca de 550.000 homicidios que se registraron en Colombia desde 1986 hasta 1998, se debe a la delincuencia común y, en general, a todas las mo-

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dalidades de violencia social que están presentes en la vida diaria de la sociedad colombiana (véase: Gaitán, 1995 y Echandía, 1999).

Si admitimos que la confrontación política es sólo una de las causas de la vio- lencia en Colombia debemos buscar explicaciones alternativas. En este sentido, el análisis económico puede tener una contribución importante en la identifica- ción de las estrucmras de incentivos que explican el comportamiento criminal. De acuerdo con la denominada "economía del crimen", inaugurada por el artí- culo pionero de Gary Becker (1968), los criminales son agentes racionales cuyo comportamiento puede entenderse como la respuesta óptima a los incentivos existentes. En términos generales, esta teoría, conocida como "la hipótesis de disuasión", considera que los criminales expandirán sus actividades siempre que disminuya el tamaño o la probabilidad del castigo y, de este modo, aparte de las preferencias de los delincuentes potenciales y del coste de oportunidad de sus actividades, el tipo y el número de delitos dependerá de la eficiencia de las insti- mciones encargadas de prevenir el crimen y administrar justicia. Sin embargo, la versión de Becker, supone que las preferencias son estables y que, frente a un aumento de la violencia, el estado ajustará óptimamente el gasto en justicia de modo que las escaladas de violencia sólo pueden ser fenómenos transitorios en la dinámica de una economía.

Los desarrollos recientes de la llamada "economía del crimen" se proponen ex- plicar por qué razón el aumento de la violencia puede ser un fenómeno perma- nente y, para ello, ponen el énfasis en procesos acumulativos que, después de un shock, pueden conducir a la sociedad desde un equilibrio inicial con niveles re- lativamente altos de seguridad a un nuevo estado estacionario con elevados ni- veles de criminalidad. Las cuestiones centrales consisten, por una parte, en iden- tificar el tipo de fuerzas que explican la expansión de la criminalidad y, por otra, en identificar el tipo de perturbaciones que pueden servir como impulso inicial para que se produzca una dinámica de criminalidad en ascenso.

Refiriéndonos, en primer lugar a la dinámica, se pueden identificar tres tipos de externaüdades que explicarían los mecanismos de retroalimentación de la activi- dad criminal. En primer lugar el aumento de la criminalidad produce una exter- nalidad global, según la cual los criminales hacen del crimen una actividad más atractiva para los delincuentes potenciales a través de la congestión del sistema de aplicación de la ley disminuyendo la probabilidad de sanción para los distintos ti- pos de delitos (Sah, 1991). Así, el aumento del crimen es simultáneo con una cre- ciente impunidad y, en definitiva, con la disminución del coste de oportunidad de

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cia en algunas localidades y la enorme disparidad que existe entxe los niveles de violencia entxe unas regiones y otras del país (Glaeser, et. al 1996, Cubides y Ortíz 2000).

El segundo componente necesario es el denominado shock criminal que pone en funcionamiento las fuerzas anteriores. Los trabajos realizados en esta tradición para el caso colombiano (Gavina 2000) encuentran este componente en el rápido auge que tu\ieron las acti'idades de procesamiento y exportación de cocaína en la segunda mitad de la década de los 70. La historia es bien conocida, en palabras de Gaviria (2000), en los primeros años 70 «la aceleración de la violencia criminal en Colombia coincide con la consolidación del país como principal proveedor de cocaína a los mercados internacionales. ... la actividad criminal que trajo consigo la lucha por el control del rentable negocio de exportación de cocaína fue el im- pulso inicial que puso en marcha la espiral del crimen en Colombia con todas sus consecuencias». El uso de la violencia durante los primeros años 70 como meca- nismo para establecer la reputación de los carteles de la droga produjo una esca- lada criminal a la que no pudo salir al paso el frágil sistema de justicia, lo que se convirtió en un incentivo para la expansión de las actividades delictivas que con- tinuó su camino de ascenso aún después de que el crimen motivado por el tráfico de drogas se estabilizara.

En síntesis, esta línea de razonamiento, afincada en los fundamentos microe- conómicos de los modelos de crecimiento, permitiría explicar cómo un shock criminal, de la importancia suficiente, puede poner en funcionamiento un con- junto de fuerzas que se autorrefuerzan, modificando de un modo radical el siste- ma de incentivos y aumentando los niveles de criminalidad al tiempo que dismi- nuyen las probabilidades de sanción y se mantiene relativamente constante el es- fuerzo de aplicación de la ley. La dinámica que de este modo se desencadena, conduce a la sociedad de un estado estacionario, o polo de atracción, a otro y las tasas de criminalidad aumentan hasta que se alcanza un nuevo equilibrio. Los mo- delos de este tipo exhiben histeresis, de modo que los shocks transitorios pueden tener efectos permanentes sobre la economía, y explicar que diferentes regiones terminen alcanzando niveles diferentes de criminalidad dependiendo de su histo- ria previa.

Violencia y Crecimiento Económico El análisis anterior permite enlazar con el tercer tipo de contribuciones que pue- de hacer el análisis económico a la mejor comprensión del fenómeno de la vio- lencia, y que consiste en evaluar el impacto de este fenómeno sobre el crecimien-

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to económico. Evidentemente, este efecto dependerá de si la situación de violen- cia se percibe como un fenómeno transitorio o como parte del marco institucio- nal en el que se desenvoielve la economía. En el primer caso, los efectos de un le- vantamiento, una insurrección o una guerra civil, aunque pueden ser dramáticos en el corto plazo, no impedirán que la economía retorne en el mediano plazo a su senda de crecimiento y no afectarán los niveles de vida de estado estacionario en el largo plazo. Sin embargo, en el segundo caso, los efectos de un conflicto pro- longado o de una situación extendida de violencia pueden ser permanentes y re- ducir tanto el crecimiento potencial de la economía como los niveles de bienestar de largo plazo.

Los modelos mencionados anteriormente son un ejemplo de cómo los efectos de la violencia pueden impactar negativamente sobre el crecimiento económico a largo plazo. Las elevadas tasas de criminalidad pueden explicar, por ejemplo según Freeman (1996), que algunos jóvenes disminuyan sus inversiones en ca- pital humano (abandonando la escuela a edades más tempranas ante la perspec- tiva de mayores ingresos en la actividad criminal). Otras causas de histeresis pueden ser las siguientes. La simación de violencia, al aumentar la incertidum- bre y reducir el horizonte vital de los agentes económicos reduce la tasa de des- cuento de las inversiones que realizan las personas en capital humano. A esta contracción en el stock de capital de largo plazo, se añade la ocasionada por la disminución del horizonte temporal en el que se espera amortizar las inversio- nes de capital, ya sea por el propio riesgo de pérdida o destrucción de activos productivos o por el aumento de la tasa de descuento. Además, si la violencia forma parte del entorno económico, no sólo cabe esperar un nivel inferior de capital en sus distintas variantes, sino también la pérdida de la contribución de dicho capital a la economía doméstica como resultado de fugas al extranjero. El auge de las actividades ilegales también ocasiona efectos de signo más incierto como resultado de las distorsiones en los precios relativos que ocasionan activi- dades tales como la economía sumergida, y la especulación relacionada con el lavado de capitales de procedencia ilícita. En muchos otros sentidos la violencia conduce a una reasignación de recursos, por ejemplo hacia un mayor gasto en defensa y justicia, que reducen el crecimiento económico. Desde j i punto de vista privado la violencia obliga a aumentar los gastos en seguridad e incremen- ta los costes de transacción como consecuencia de la pérdida de confianza en la suscripción de contratos.

Los resultados obtenidos hasta el momento en la investigación sobre el impac- to económico de la violencia en Colombia arrojan resultados cuando menos

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librio general, en el que estos efectos se atenúan como consecuencia del ajuste de los comportamientos económicos a los shocks de violencia. Una segunda ex- plicación, es que el impacto negativo de la violencia puede estar enmascarado por el impacto positivo que pueda haber tenido el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con Gómez y Santamaría (1994) el ingreso neto obtenido por residen- tes colombianos de la exportación de drogas alcanzó un máximo de 3.000 mi- llones de dólares en 1981-82 (el 8 por ciento del PIB) y un mínimo de 327 mi- llones (0,9 por ciento del PIB en 1991). Salomón Kalmanovitz (1990 y 1992) es- tima que tales ingresos son entre 5 y 6 veces superiores, lo que demuestra la importancia crucial de los supuestos sobre la estrucmra del mercado de la dro- ga en este tipo de estudios. El trabajo más reciente de Steiner (1998), en el que se utiliza mejor información y se hacen análisis de consistencia con estudios si- milares para BoHvia y Brasil, concluye que los ingresos netos de las exportacio- nes de droga, que representaron cerca del 7 por ciento del PIB y del 70 por cien- to de las exportaciones en los primeros años 80, representan ahora el 3 por cien- to del PIB y el 25 por ciento de las exportaciones. Aunque, en ausencia de un modelo de equilibrio general, estos análisis no permiten extraer consecuencias claras sobre el impacto del comercio de drogas sobre la tasa de crecimiento o el nivel de la actividad económica, sí permiten concluir que tal impacto es signifi- cativo, se encuentra en el mismo orden de magnitad del impacto negativo de la violencia y la coincidencia de los éxitos de la lucha contra el narcotráfico de la segunda mitad de los años 90 con el auge del movimiento guerrillero puede ser una variable importante en la explicación de la profundidad de la crisis econó- mica que comienza en 1996.

Todos los efectos anteriores de la violencia sobre el crecimiento económico, cu- yo análisis en profundidad es todavía una tarea en curso para la investigación económica, pueden permitir avanzar en una cuarta y ultima perspectiva en que el análisis económico puede aportar elementos interesantes a la discusión. Esta consiste en la búsqueda de respuesta a una pregunta central: ¿cuáles son las oportunidades que se abrirán para la economía colombiana en el momento en que se abra camino de una manera definitiva el proceso de paz? Es decir, cuál es el llamado "dividendo de la paz". En buena medida esta respuesta depende de cuáles de los efectos negativos de la violencia sobre el crecimiento económico son irreversibles y cuáles no lo son. Evidentemente en la segunda categoría se inscribe la disponibilidad de los recursos ahora destinados a la guerra y al siste- ma de justicia, y la disminución esperable de los costes de transacción de la eco- nomía, como resultado de una mayor seguridad pública y privada. Sin embargo, cabe admitir la posibilidad de que, como consecuencia de la duración y la pro-

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fundidad del f e n ó m e n o de la violencia, la guerra deje también algunas hipotecas que deban ser cubiertas p o r la economía e n período d e paz (desplazados, p o - breza en zonas rurales, recuperación de infraestructuras) y que algunos cambios institucionales puedan tener u n carácter permanente, ya que la persistencia del problema puede haber creado sistemas d e incentivos y pautas de comporta- miento que sólo desaparecerán gradualmente una vez que se firmen y se apli- quen los acuerdos d e paz que, c o m o hemos mencionado, sólo pueden atacar aquellos aspectos d e la 'iolencia que se consideran negociables: es decir los rela- cionados con la violencia política.

A m o d o d e conclusión E n resumen, el análisis económico puede aportar elementos importantes para la comprensión del fenómeno d e la violencia. Estas contribuciones pueden consistir, en primer lugar, en el análisis en profundidad d e las posibles causas económicas d e la violencia política. E n segundo lugar en la comprensión d e las estrucmras d e incentivos, y d e las instituciones sociales, que explican la dinámi- ca de la violencia y su distribución regional. E n tercer lugar e n el estudio del im- pacto que tienen las dos dinámicas anteriores sobre el crecimiento económico tanto en el corto c o m o en el largo plazo. Finalmente, el análisis económico puede servir para dimensionar el di\idendo de la paz, comprendiendo mejor las posibi- lidades de progreso que se abrirían con la consecución de la paz.»

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