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(^1938) FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
SINFORIANO GOMEZ DAVALOS
REINCIDENCIA. El instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. REINCIDENCIA. Lo que interesa a los fines de la 'reincidencia, es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance Va conoce. REINCIDENCIA. A los fines de la reincidencia, es suficiente contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena priva- tiva de libertad, independientemente de *ni duración, ya que el trata- miento penitenciario, es sólo un aspecto del fin de prevención especial , de la pena.
REINCIDENCIA. Si al momento de cometer en prisión el segundo delito, el condenado' llevaba cumplido efectivamente como:lienado —desde la fecha de la primera condena y sin computar el tiempo de detención y prisión pre- ventiva— un periodo de encierro de ocho años y once meses, éste re- ' •sulta suficientemente amplio para considerar que en la especie ha me- diado cumplimiento parcial de la condena anterior en los términos, del art. 50 del Código Peñal, lo que autoriza la declaración de reincidencia.
DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL
Suprema Corte:
El Procurador General de la Nación, por la intervención que le corresponde en la causa G. 198, L. XX, en los términos de los arts. 4°, de la ley 4055 y 24, inc. 3°, del decreto-ley 1285/58, a V. E. digo:
La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó el, recurso de revisión interpuesto por el condenado Sinforiano Gómez
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Dávalos, en procura de que se dejara sin efecto la declaración de
primera reincidencia efectuada en la segunda de las sentencias con-
denatorias recaídas a su respec:o.
El tribunal sostuvo que, frente al nuevo sistema real de rein-
cidencia, corresponde interpretar cuándo media cumplimiento par-
cial de la pena impuesta en el pronunciamiento que constituye el
antecedente de aquella declaración y, en tal sentido, entendió que
el término mínimo de dos años (coincidente con el adoptado en el
proyecto de reformas al Código Penal elaborado en 1961 por la comi-
sión integrada por los doctores Argibay Molina, Oderigo, González
Millán y Peña Guzmán), es el que mejor consulta el texto legal y
la finalidad que lo inspira (fs. 19/20).
Deducido el presente recurso ordinario de apelación (fs. 21), fue
fundamentado por el Defensor Oficial ante V. E. (fs. 38/41), quien
pretende que el punto controvertido debe resolverse con arreglo al
criterio que inspirara la sentencia de la Sala VI de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, in^ re: "Juárez,
Hugo", del 19 de junio de 1984, según el cual debe entenderse por
cumplimiento parcial de la pena, en la letra del art. 50 del Código
Penal, un tiempo que supere las dos terceras partes de la condena-
ción (fs. 38/41).
II
Según el fallo en que la defensa sustenla la prosperabilidad del
recurso, cuatro serían las posibilidades que brinda la rey en relación
a aquel cumplimiento parcial, a saber: "a) cualquier tiempo que
el penado haya estado privado de 'libertad, sea como procesado o
como condenado, b.) cualquier tiempo que el penado hubiese estado
cumpliendo pena como condenado, c) un tiempo que exceda de la
;mitad del tiempo de pena, en que haya permanecido el penado cum-
pliendo pena como condenado, d', un tiempo que exceda de los dos
tercios del tiempo de la pena, en que haya permanecido el penado
cumpliendo pena como condenado".
Luego de descartar como alternativa aquella según la cual siem-
pre que se haya cumplido algo de la pena, la declaración de reinci-
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 1941
centaje corno indicador general de una magnitud tenipbral signifi- cativa de prevención especial. Por otra parte, pareciera ser la más respetuosa de principios constitucionales, al ser la más limitativa de punibilidad".
III
En relación a los antecedentes parlamentarios del art. 50 del Código Penal, conforme quedó redactado luego de la reforma intro- ducida por la ley 23.057, cabe destacar, en primer término, que en el mensaje de elevación con que el Poder Ejecutivo remitió su. pro- yecto al Congreso Nacional se sostuvo que el mantenimiento del instituto de la reincidencia debe fundarse "en la demostración de la insuficiencia de la pena aplicada para cumplir su fin de preven- ción especial. Ello supone que sea reincidente quien haya cometido un nuevo delito después de haber estado sometido realmente a una pena, lo que supone descartar el sistema de reincidencia ficta im- perante y reemplazarlo, como han hecho las legislaciones más mo- dernas —Código alemán de 1975, austríaco del mismo año y portu- gués de 1978—, por uno de reincidencia verdadera" (Diario de Se- siones de la H. Cámara de Diputados de la Nación del 16-XII-83, pág. 125).
El despacho de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja nada agrega al citado mensaje (confr. Diario mencionado, 12- 1-84, págs. 627/28).
Al debatirse el proyecto, el miembro informante diputado Lo- renzo J. Cortese; hizo hincapié en que el régimen de reincidencia efectiva propiciado tendía a evitar "las situaciones injustas de tener que calificar de reincidente a quien jamás ha estado encarcelado. Así, la' comisión modifica la redacción del artículo propuesto por el Poder Ejecutivo, eliminando la expresión «efectivamente» y agre- gando la expresión «total o parcialmente» en relación con el cum- plimiento. Con esto se evita la interpretación equivocada que podría hacerse cuando ha mediado indulto, conmutación de pena o libertad condicional. Con esta modificación queda claro- que en esos casos también podría resultar beneficiado el supuesto condenado" (Diario • cit., pág. 631).
1942 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
En el Senado, el miembro informante, senador Araujo, luego
de considerar acertado el criterio del Poder Ejecutivo al propiciar
el sistema de reincidencia real, señaló que para éste "no basta la
condena, sino que es imprescindible el cumplimiento de la pena, to-
tal o parcialmente". El senador Celli, por su parte, se refirió a la
naturaleza jurídica de la reincidencia, pero no expuso nada qu&
coadyuve a elucidar el tema debatido en estos autos. El senador
por la Capital doctor Fernando de la Rúa, en cambio, advirtió la
dificultad interpretativa que aparejaría la fórmula empleada por el
art. 50: "...quien hubiera cumplido, total o parcialmente...". Dijo
el legislador "que esto no es del todo claro para ciertas situaciones
intermedias límites o excepcionales cuando, por ejemplo, el tiempo
de cumplimiento parcial es muy breve, casi insignificante. Con todo,
reafirma el sistema de reincidencia real que se adopta. Hay que re-
conocer que el juez puede tener cierta elasticidad para situaciones
excepcionales cuando, por ejemplo, se trata de una diferencia de un
solo día o incluso pocos días de prisión; y debe quedar claro que "
no debe. computarse la prisión preventiva como parte de pena, es
decir, como pena efectivaniente cumplida, a los fines de la reinci-
dencia" (Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores de la
Nación, 15 de febrero de 1984, págs. 569/580).
IV
En punto a los antecedentes de la legislación comparada que
se invocan como fuente de la reforma, es de destacar: que el Código
Penal poriugués de 1982 —el más moderno de aquéllos— contiene,
en su art. 76, una fórmula similar —en el aspecto que aquí inte-
resa— a la adoptada por nuestro actual art. 50 (confr. el texto pu-
blicado por el Ministerio de Justicia en Lisboa, 1982, pág. 76), por
lo que el mismo problema interpretativo suscita, sin que contribuya
a esclarecerlo el texto de la "Introducción" a dicho cuerpo legal
(confr. ob. cit., págs. 9/36).
No presenta tal dificultad el Código Penal Alemán, pues su pa-
rágrafo 17 exige para la declaración de reincidencia que el autor
haya sufrido por uno de los hechos o varios una pena privativa de
1944 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
tamiento carcelario, debe buscarse el por qué de que el desprecio
por la solemne advertencia contenida en la condenación y su efec-
tivo cumplimiento, total o parcial, sea _erigido en circunstancias
agravantes para la individualización de la pena en el caso posterior
(art. 41 del Código Pena» o en causa impediente de la libertad con-
dicional (art. 14 del mismo texto).
Como es sabido, conforme con la Ley Penitenciaria Nacional, el
régimen aplicable al condenado, de carácter progresivo, consta de
tres períodos: observación, tratamiento y prueba. La segunda de
esas fases, el tratamiento, apunta a la readaptación social del pena-
do y por ello es enteramente razonable que el art. 13 del Código
Penal establezca magnitudes de tiempo apreciables, según la mayor
o menor gravedad de la sanción, para acceder al beneficio que otor-
ga. Pero si ello es así respecto de la libertad condicional, para
cuya concesión se tiene fundamentalmente en cuenta la conducta
del detenido y sobre su base el pronóstico acerca de su capacidad
de reinserción social, no tiene el mismo justificativo requerir un
período tan prolongado para que una persona asuma la sensación
de haber soportado una pena privatiVa de libertad.
Para que esto último acontezca basta, como lo sostiene Guiller-
mo A. C. Ledesma ("Las reformas penal y de procedimientos", ed.
Abeledo-Perrot, 1984, pág. 62/63), que el condenado haya purgado
en condición de tal "el mínimum legal de las penas privativas de la
libertad determinado en el código de fondo, puesto • que, si la ley
represiva admite dicha punición, debe entenderse, como interpre-
tación dogmática, que ella alcanza... para imprimir en su ánimo
la sensación de que soportó una pena", aspecto en que radiCa, se-
gún lo que ya expusiera, el fundamento de lá declaración de rein-
cidencia.
La brevedad de aquel mínimo —quince días, según lbs arts. 182
y 183 del Código Penal— no se opone, a mi manera de ver, ni con
la interpretación auténtica de la ley ni con los antecedentes de la
legislación extranjera que le sirve de fuente. En cuanto a la pri-
1 mera, nótese que en el informe de la Comisión respectiva en Dipu-
tados,se destacó que con la adopción del sistema de reincidencia,,_ ,
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 1945
verdadera se perseguía evitar "las situaciones injustas de tener que calificar de reincidente a quien jamás ha estado encarcelado", de manera tal que se excluyera a aquellas personas que no hubieran soportado encierro bajo el régimen de ejecución penal. Coadyu- vante resulta, asimismo, lo dicho por el senador de la Rúa, en el sentido de que el texto del nuevo art. 50 del Código Penal podría ser ambiguo "para ciertas situaciones intermedias, límites o excep- cionales", como en el caso de un cumplimiento "muy breve, casi insignificante", en el que los jueces podrían tener cierto margen de elasticidad. No parece ser este el supuesto de quien, al menos, ha consumido como condenado el :mínimo de las penas privativas de la libertad puel esa mínima cantidad es para la ley suficiente a efectos de que el delincuente sienta su condición de penado, que es lo que interesa para que sea declarado reincidente.
En lo atinente a su comparación con las fuentes foráneas, creo que tampoco puede ser cuestionada la solución que propongo a poco que se repare que una de ellas —el Código Penal de la República Federal de Alemania— también exige un tiempo corto —tres me- ses— y para su cumplimiento scn computables la prisión preventiva y hasta la mera detención, con lo que la mayor rigurosidad de su sistema respecto del nuestro es manifiesta.
Por otra parte, la interpretación efectuada en el fallo cuya solu- ción se solicita sea aplicada al sub examen^ no es, como en él se pretende, "la más respetuosa de principios constitucionales". Antes al contrario, pienso que es inconstitucional, por arbitraria. En efec- to, V.E. tiene reiteradarñente dicho que la aplicación inadecuada de una norma de derecho común, que la desvirtúa y vuelve inoperante, equivale a decidir en contra o. con prescindencia de sus térrhinos y constituye, por tanto, causal definida de arbitrariedad (Fallos: 239: 204; 251:309; 257:295; 261:223; 262:41; 269:453; 278:35; 294:363; 298: 214, entre otros).
Esto es lo que ocurre, en mi opinión, con la hermenéutica del nuevo art. 50 del Código Pena escogida por dicho fallo. Así es, a mi juicio, porque si el tiempo cumplido por el condenado en deten- ipión o prisión preventiva no se computa a los fines de la reincii
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126 del principal)., la que se redujo a veinticinco arios de prisión
mediante el decreto 250/73 del. Poder Ejecutivo Nacional, cuyo ven-
cimiento operaría el 4 de febrero de 1992 (fs. 212). Posteriormente,
hallándose alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Fede-
ral, cometió el 12 de agosto de 1977 el delito de lesiones graves
contra otro interno, por el que resultó condenado a dos arios de
prisión por sentencia firme del Juzgado Federal de Rawson, Provin-
cia del Chubut, de fecha 13 de octubre de 1982, en la que se lo de-
claró reincidente por primera vez y se unificó la pena impuesta
con el período que le restaba cumplir de la anterior, establecién-
dose el monto en 16 años de prisión, computables desde la fecha
del segundo hecho (fs. 176/183), con vencimiento el 11 de agosto
de 1993 (fs. 218):
29) Que a raíz de la sanción de la ley 23.057, el nombrado Gó-
mez Dávalos dedujo recurso de revisión ante la Cámara Federal de
Apelaciones .de Bahía Blanca, a fin de que se dejara sin efecto la
declaración de reincidencia posibilitando su ulterior libertad con-
dicional. Dicho tribunal rechazó el recurso (fs. 19/20 de este inci-
dente), lo que motivó la apelación ordinaria prevista en los arts. 4?
de la ley 4055, y 24, inc. 3?, del decreto-ley 1285/58, que fue con-
cedido a fs. 26.
3?) Que a fs. 38/41 el señor Defensor. Oficial ante esta Corte
süstentó el recurso. A su juicio, de acuerdo a la nueva redacción
del art. 50 del Código Penal,' sólo puede considerarse que ha exis-
tido cumplimiento parcial de la pena anterior a los efectos de la
reincidencia, cuando el condenado ha soportado en tal carácter —so-
metido a tratamiento penitenciario— un plazo superior a los dos
tercios del monto impuesto. Scstiene que ello es así porque si tal
período es relevante a los efectos de otorgar la libertad condicio-
nal (art. 13 del mencionado Cuerpo legal), cabe pensar por• analogía
que ese porcentaje también puede tomarse como indicador general
de una magnitud temporal significativa de prevención especial que
justifique la declaración de reincidencia ante un nuevo hecho delic-
tivo. En síntesis, la reincidencia derivaría de la frustración del tra-
tamiento anterior, que para ser computable debe haber compren-
dido cuando menos mi lapso de 2/3 de la condena precedente.
1948 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA
4°) Que el primer párrafo del art. 50 del Código penal, de acuer- do a la redacción de la ley 23.057, expresa: "Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena". Se trata de establecer en autos pues, si el tiempo de encierro que Sinforiano Gómez Dávalos sufrió como condenado' antes de cometer el segundo delito, debe considerarse o no como cumplimiento parcial de la pri- mera condena a los fines de esa norma.
- Que, a juicio del Tribunal, el instituto de la reincidencia se sustenta' en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibi- lidad ante la amenaza dé un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo
alcance ya conoce. Se manifiesta, así, el fracaso del fin de preven- ción especial de la condena anterior, total o parcialmente padecida.
Es suficiente, entonces, contar con el antecedente objetivo de que se haya cumplido una condena anterior a pena privativa de li- bertad, independientemente de su duración, ya que el tratamiento penitenciario es sólo un aspecto del fin de prevención especial de
la pena. Es cierto que podrían presentarse supuestos extremos en los que la escasa magnitud de la pena cumplida ofreciera alguna
dificultad en la solución, pero esta hipótesis no pasó por alto en el debate parlamentario, donde el senador De la Rúa expresó: "En- tendemos que esto no es del todo claro para ciertas situaciones intermedias, límites o excepcionales cuando, por ejemplo, el tiempo de cumplimiento parcial es muy breve, casi insignificante. Con todo,
refirma el sistema de reincidencia real que se adopta. Hay que re- conocer que el juez puede tener cierta elasticidad para situaciones excepcionales cuando, por ejemplo, se trata de una diferencia de un solo día o incluso pocos días de prisión..." (Diario de Sesiones de la H. Cámara de Senadores de la Nación, 15 de febrero de 1984, pág. 578).
1950 FALLOS DE LA- CORTE SUPREMA
Por ello,' y de conformidad con lo dictaminado en sentido con- cordante por el señor Procurador General, se cónfirma la decisión apelada. JOSÉ SEVERO CABALLERO — AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — CARLOS S. FAYT — ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHT — JORGE ANTONIO BACQUÉ.
LENG, ROBERTS Y CÍA. S.A.
IMPUESTO; Principios generales. Los arts. 34 de la ley 11.683 y 6? de la resolución general 933 no son aplicables para sostener que en el curso del período fiscal los anti- cipbs liquidados sobre beneficios imponibles estimados resultan suscep- tibles de compensación automática.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA
'Buenos Aires, 16 de octubre de 1986.
Vistos los autos: "Leng, Roberts y Cía. (Ventas) S.A. s/retardo en repetición".
Considerando:
- Que la Sala N° 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, confirmó, en cuanto al caso interesa, el fallo que había admitido parcialmente la demanda de repetición de actualización monetaria e intereses resarcitorios, recla- mados sobre la diferencia que se registró con respecto al primer anticipo que correspondía ingresar a la contribuyente por el impuesto a las ganancias del período fiscal 1978.
2°) Que para así resolver, el a quo (^) interpretó que, si bien el su- puesto de autos no se encuentra previsto en los enunciados por el art. 34 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y •sus modificaciones), resulta apli-
