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Este ensayo explora la problemática de la política criminal dentro de los centros penitenciarios en méxico, analizando las deficiencias en infraestructura, programas de apoyo, capacitación de custodios y la corrupción. Se destaca la importancia de la rehabilitación y reinserción social de los reclusos, así como la necesidad de implementar estrategias para mejorar la seguridad y el trato digno dentro de las prisiones.
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO ENSAyo LA POLITICA CRIMINAL DENTRO DEL CENTRO PENITENCIARIO E S T U D I A N T E P A B L O Y A H I R T R E J O S A L A Z A R L I C E N C I A T U R A C R I M I N O L O G Í A Y C R I M I N A L Í S T I C A A S I G N A T U R A politica criminal C U A T R I M E S T R E septimo C A T E D R Á T I C O lcrim. Goretti zamora martinez F E C H A 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
La política criminal dentro de los centros penitenciarios es un tema critico en la búsqueda de justicia y la seguridad pública. Los centros penitenciarios lejos de ser simplemente lugares de reclusión, deben ser espacios de rehabilitación y reinserción social. Sin embargo, la realidad es que muchos de los centros penitenciarios a nivel nacional enfrentan desafíos como la sobrepoblación, la corrupción y la falta de recursos, lo que limita el objeto de reducir la delincuencia y mejorar la sociedad. En este ensayo se analizará la política criminal dentro de los centros penitenciarios analizar sus objetivos, estrategias y desafíos. Se exploran las implicaciones de estas políticas en la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos, así como su impacto en la seguridad publica y la justicia social, además se analizarán propuestas para mejorar la eficacia y humanidad de la política criminal dentro de los centros penitenciarios.
En los centros penitenciarios de México hay muchos programas que se requieren para la mejor convivencia y el desarrollo de los internos, dentro de los centros penitenciarios. Capacitación laboral o educativa, Programas de salud mental, Actividades sociales y culturales, como talleres de escritura, proyecciones de películas, clases de teatro o música, o la práctica de artesanía, Los programas de tratamiento penitenciario son una herramienta que el sistema penitenciario utiliza para la reinserción social. Estos programas se enfocan en problemáticas específicas de los internos, como conductas adictivas, falta de control de impulsos, falta de habilidades sociales, o déficits educativos. Falta de capacitación de los custodios El problema que presentan lo centros penitenciarios a nivel nacional es (maltrato al interno, falta de empatía para atender al familiar y al visitante del interno) se deriva de la falta de capacitación y sobre los usos y costumbres adquiridos a lo largo de la experiencia laboral del custodio, los cuales se manifiestan en las constantes denuncias y quejas sobre el trato que se le da a los internos y sus familiares, al momento de que ingresan a trabajar como custodios, no reciben una capacitación previa para el desempeño de sus funciones, tal vez por la falta de personal de seguridad, y la urgencia de llenar plazas vacantes existentes, ya que es un trabajo con un salario bajo y con un grado de responsabilidad y riesgo muy alto, por lo que siempre existen plazas vacantes por que hay escasa o nula respuesta de posibles candidatos a ocupar puestos de custodios. La falta de capacitación en el personal de custodia, da como resultado la escasa conciencia sobre el trato que se le brinda a los internos, ya que por su bajo nivel de educación o aptitudes, no alcanza a visualizar el problema social que desencadena su proceder, por lo que se podría agravar la situación mediante la acumulación de ira del interno hacia el custodio, amenazas, motines, etc. Es una visión que revela su ignorancia acerca de la problemática que vive el interno conductual y psíquica de quienes están sujetos a un proceso de reclusión y que parte de la comisión del ilícito, hasta el abandono de la familia. Corrupción dentro de los centros penitenciaros
La corrupción y la criminalidad dentro de las cárceles tienen consecuencias devastadoras. En primer lugar, minan cualquier esfuerzo de rehabilitación y reinserción social. Los programas destinados a educar y capacitar a los internos son frecuentemente saboteados por la corrupción y la falta de recursos, lo que reduce significativamente las oportunidades de los internos de reformarse y reintegrarse a la sociedad. En segundo lugar, la corrupción carcelaria perpetúa un ciclo de violencia y crimen. Los internos que son liberados a menudo regresan a las actividades delictivas, llevándose consigo la experiencia y las conexiones adquiridas en prisión. Esto alimenta la inseguridad pública y aumenta la desconfianza en el sistema de justicia penal. Además, la corrupción genera un entorno de abuso y explotación. Los internos con menos recursos o conexiones están a merced de aquellos que controlan el sistema, enfrentando violencia, extorsión y abusos de los derechos humanos. La desigualdad de poder dentro de las prisiones refleja y amplifica las desigualdades existentes en la sociedad mexicana. Las personas que se encuentran privadas de la libertad se ven obligadas a actos de corrupción para tener el mínimo de derechos y bienes que debería de garantizar el Estado como responsable de los centros penitenciarios. Lo anterior podría deberse a la disminución de presupuestos, que ha llevado a que no se abastezcan los bienes y servicios que requieren las personas al interior. También podría suceder que la corrupción al interior excede las capacidades de las autoridades, lo cual afecta directamente en la calidad y cantidad de bienes y servicios disponibles. Sin importar cuál sea la razón, la necesidad de participar en actos de corrupción supone una violación a los derechos de personas privadas de la libertad, que como mexicanas y mexicanos deberían tener garantizados el acceso a agua potable y medicinas. Las prisiones son especialmente susceptibles de corrupción: la falta de transparencia, las conexiones con grupos criminales organizados y la falta de interés social son los ingredientes perfectos para que esto sea un problema endémico en la mayoría de los sistemas penitenciarios. Los salarios, contratación y formación de los funcionarios del sistema penitenciario estudios específicos han demostrado la existencia de una relación directa entre los niveles salariales en la administración pública y el número de casos de corrupción. Aunque el bajo nivel de los salarios no puede ser considerado como el único factor que causa la corrupción en el sistema penitenciario, este es sin duda un ingrediente que contribuye a la vulnerabilidad del sistema las prácticas corruptas. Además, se debe tener en cuenta que muchas de las personas privadas
Por ejemplo, prohíben la reducción de alimentos y agua al recluso, así como el uso de medios coercitivos que resulten, por su naturaleza, denigrantes o dolorosos, como cadenas o grilletes. Las Reglas restringen el uso del régimen de aislamiento como medida de último recurso, que deberá utilizarse únicamente en situaciones excepcionales Las Reglas Nelson Mandela ponen de manifiesto que la prestación de atención médica a los reclusos es responsabilidad del Estado y que la relación entre los profesionales del sector sanitario y los reclusos se rige por los mismos estándares éticos y profesionales que los que se apliquen a los pacientes de la comunidad. Además, las Reglas obligan a los servicios sanitarios a evaluar y atender la salud mental y física de los reclusos, incluidos aquellos con necesidades especiales. La política criminal puede incluir estrategias penales como: Programas de prevención del delito en comunidades vulnerables, Campañas de conciencia y educación sobre la ley y sus consecuencias, Fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la presencia policial, Implementación de sistemas de vigilancia y seguridad en áreas públicas, Programas de intervención temprana para jóvenes en riesgo. Estrategias penales de rehabilitación: Programas de educación y capacitación laboral para reclusos, Implementación de programas de tratamiento y rehabilitación para adictos, Fortalecimiento de la atención médica y psicológica en los centros penitenciarios, Implementación de programas de apoyo y seguimiento para liberados, Programas de reinserción social para reclusos. Las estrategias penales de control en centros penitenciarios son las medidas y acciones implementadas para mantener el orden, la seguridad y la disciplina dentro de los centros penitenciarios. A continuación, se presentan algunas estrategias penales de control: Estrategias de seguridad: Control de acceso y salida de reclusos y personal, Vigilancia y supervisión constante, Uso de tecnología de seguridad (cámaras, sensores, etc.), Patrullaje regular dentro del centro, Implementación de protocolos de emergencia. Estrategias de control de la violencia
Identificación y separación de reclusos conflictivos, Implementación de programas de resolución de conflictos, Fortalecimiento de la seguridad en áreas de alta riesgo, Uso de equipo de protección personal, Implementación de protocolos de intervención en situaciones de violencia. Estrategias de control de la delincuencia organizada: Investigación y monitoreo de actividades sospechosas, Implementación de programas de inteligencia penitenciaria, Colaboración con autoridades externas, Uso de tecnología para detectar y prevenir la comunicación ilegal, Implementación de programas de protección a testigos y víctimas.
"En conclusión, la política criminal dentro del centro penitenciario es un tema complejo y multifacético que requiere una atención integral y multidisciplinaria. La política criminal debe equilibrar la seguridad y la justicia con la rehabilitación y reinserción social de los reclusos. Es fundamental que los centros penitenciarios implementen estrategias efectivas para prevenir la violencia, la delincuencia organizada y la reincidencia, al mismo tiempo que promueven la educación, la capacitación laboral y la atención médica y psicológica. La política criminal dentro del centro penitenciario debe ser revisada y actualizada constantemente para asegurar que se ajuste a las necesidades y objetivos de la sociedad. Es importante que se fomente la colaboración entre las autoridades penitenciarias, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para mejorar la política criminal y garantizar la reinserción social de los reclusos. En última instancia, la política criminal dentro del centro penitenciario debe ser diseñada para proteger a la sociedad, rehabilitar a los reclusos y promover la justicia y la igualdad. Es un desafío que requiere compromiso, recursos y una visión clara del futuro.
