DECRETO LEGISLATIVO N° 1186
DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR PARTE
DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
INTRODUCCIÓN
La Ley de la Policía Nacional del Perú (Dec. Leg. 1267) establece como una de sus
atribuciones “Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, código de
conducta para funcionario encargados de hacer cumplir la Ley, y principios básicos sobre
el empleo de la fuerza y de armas de fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por
las Naciones Unidas”
El uso de la fuerza en la función policial, resulta ser un tema polémico en razón de los
bienes jurídicos tutelados que se ponen en juego durante una intervención policial o
incluso cuando se produce un operativo o procedimiento de control de identidad.
A. DEFINICIONES
1) Fuerza
Es el medio que en sus diferentes niveles una el personal de la Policía Nacional del Perú,
dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una
amenaza o atenta contra la seguridad
2) Uso progresivo y diferenciado de la fuerza
Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a
emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que
represente la persona a intervenir
3) Medios de Policía.
Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o
proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una
amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público
4) Cumplimiento del deber
Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de
garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas
en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas
B) PRINCIPIOS
El uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional se sustenta en el respecto de los
derechos fundamentales y en la concurrencia de los siguientes principios
1. Legalidad
El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Los medios y métodos
utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho
Internacional de los Derechos Humanos
