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¿CÓMO REPRESENTA EL HAMBRE QUIEN TIENE
GARANTIZADA LA ABUNDANCIA?
ALIMENTACIÓN, SALUD Y POLÍTICA EN MEDELLÍN
Resumen
El presente trabajo se ocupa de la formulación e implementación de
políticas nutricionales en Colombia y en la ciudad de Medellín entre 1960 y
1985, un periodo en el cual adquirió gran visibilidad el tema del hambre como
problemática de interés a nivel mundial, y se definió un abordaje sistemático
para América Latina. Mediante la reconstrucción de la génesis de las políticas
nacionales y locales, se busca rastrear la noción de hambre que les subyacía y
las prácticas que produjeron. De esta manera se pretende analizar los
trasfondos sociales y de representaciones que acompañaron la definición de la
desnutrición como asunto médico, partiendo de que las instituciones públicas
y privadas contribuyen decisivamente en la construcción de estos imaginarios,
en donde prima la mirada de la escasez desde la abundancia. En el proceso se
registró la gestación e implementación de políticas basadas en la ayuda
alimentaria externa, así como un posterior intento de independización de las
mismas, para ser concebidas “autónomamente” en la planeación económica
nacional, y municipal. De igual forma se consolidó la profesionalización de un
área de la medicina denominada nutrición y dietética, responsable de diseñar e
implementar tales políticas.
Palabras clave:
Hambre, pobreza, beneficencia, nutrición, políticas nutricionales,
políticas alimentarias, DRI-PAN, Patronato Escolar, ayuda alimentaria, Josué
de Castro
¿HOW TO REPRESENT THE HUNGRY WHO IS GUARANTEED
ABUNDANCE?
FOOD, HEALTH AND POLITICS IN MEDELLIN
Summary
The present work deals with the formulation and implementation of
nutrition policies in Colombia and Medellín between 1960 and 1985, a
period in which acquired great visibility the issue of hunger as a
problem of worldwide interest, and defined a systematic approach for
Latin America. By reconstructing the genesis of national and local policies, it
seeks to trace the notion of hunger and practices underlying them they
produced. In this way one tries to analyze the social backgrounds and
representations that accompanied the definition of malnutrition as a medical
issue, assuming that the public and private institutions contribute decisively
to the construction of these imaginary, where the premium look of the
shortage from the abundance. In the process of gestation was recorded and
implementation of policies based on external food aid and a subsequent
attempt to divestiture of the same, to be designed "autonomously"
in national economic planning, and municipal levels. Similarly consolidated
the professionalization of a field of medicine called nutrition and
dietetics, responsible for designing and implementing suchpolicies.
Keywords:
Hunger, poverty, welfare, nutrition, nutrition policy, food policy, DRI-
PAN, School Board, food aid, Josué de Castro
- INDICE DE CUADROS TABLA DE CONTENIDO
- INTRODUCCIÓN
- CAPÍTULO I
- COLOMBIA POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN EN
- 1.1. Hambre y beneficencia
- 1.2. Instituto Nacional de Nutrición
- 1.3. Programas Integrados de Nutrición Aplicada – PINA
- 1.4. Ayuda alimentaria externa
- 1.5. Restaurantes Escolares
- 1.6. Investigación en nutrición
- 1.7. El Plan de Atención Nutricional PAN
- CAPÍTULO II
- IMPLEMENTACIONES LOCALES. EL CASO DE MEDELLÍN POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN: LAS
- 2.1 Beneficencia y suministro de alimentos
- 2.2 Organismos de política pública social municipal
- 2.3. El programa CARE
- 2.4. El Patronato Escolar
- 2.5. El PINA
- 2.6. El Plan de Atención Nutricional PAN
- CAPÍTULO III
- HAMBRE Y SALUD
- 3.1. “La cuestión alimentaria”: salud y políticas públicas en Colombia
- 3.1.1 Indicadores de nutrición
- 3.2. El desarrollo de la ciencia de la nutrición y la dietética en América Latina
- 3.2.1. Asistencia alimentaria y cooperación internacional
- 3.3. Desarrollo de la nutrición en Colombia
- 3.3.1. La evolución de la formación en nutrición y dietética
- 3.3.2. La Escuela de Nutrición y Dietética en la Universidad de Antioquia
- 3.3.3. Los planes de estudios de la Escuela de Nutrición
- 3.3.4. Ejercicio de la profesión de la nutrición en Medellín
- CAPÍTULO IV..............................................................................................................
- REPRESENTACIONES DEL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN
- 4.1. El hambre como fuente de opinión pública
- 4.2. El hambre para la gestión institucional intergubernamental
- 4.3. Conceptualización médica del hambre
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es el resultado de indagar sobre el papel que jugaron las instituciones públicas y privadas que abordaron problemas relacionados con la carencia alimentaria en la ciudad de Medellín en la construcción de imaginarios acerca del hambre como problema social. Para llegar a ello fue necesario hacer visible la relación entre la beneficencia como iniciativa privada y las políticas oficiales que se ocuparon de las problemáticas alimentarias entre la primera y la segunda parte del siglo XX, para luego establecer la relación de esos antecedentes con la aparición y consolidación de la nutrición como ciencia médica.
Las políticas nutricionales desde mediados del siglo XX han protagonizado una parte importante de las políticas alimentarias dirigidas a atender el problema del hambre en Colombia; éstas se han visto estrechamente ligadas a las estrategias de mitigación de la pobreza por una parte, y al ejercicio de la salud pública por otra. Fueron planteadas como respuesta a los problemas derivados de una inadecuada formulación de las políticas alimentarias en general; es decir que, al igual que la asistencia social, constituyeron paliativos de problemas económicos estructurales. El presente trabajo se ocupa de la formulación e implementación de políticas nutricionales en Colombia y en la ciudad de Medellín entre 1960 y 1985, un periodo en el cual adquirió gran visibilidad el tema del hambre como problemática de interés a nivel mundial, y se definió un abordaje sistemático para América Latina. En este lapso se consolidaron en el país los problemas relacionados con el acceso equitativo a los alimentos como objeto de política pública, impulsado por intereses externos específicos. En el proceso se registró la gestación e implementación de políticas basadas en la ayuda alimentaria externa, así como un posterior intento de independización de las mismas, para ser concebidas “autónomamente” en la planeación económica nacional, y municipal. De igual forma se consolidó la profesionalización de un área de la medicina denominada nutrición y dietética, responsable de diseñar e implementar tales políticas.
Para seguir este proceso se exponen aquellos eventos de cooperación internacional que condujeron a la formulación de tales políticas, se observa cómo fueron ejecutadas a nivel local y qué otras iniciativas afines les acompañaron. Por otra parte, se observa cómo este interés se materializó en la profesionalización de la nutrición como especialidad médica, y de qué manera esta área del saber se convirtió en soporte de las políticas formuladas, desplazando su fundamento de una óptica asistencialista a una perspectiva salubrista. Mediante la reconstrucción de la génesis de las políticas nacionales y locales, se pretende rastrear la noción de hambre que les subyacía y las prácticas que produjeron. Analizar los trasfondos sociales y de representaciones que acompañaron la definición de la desnutrición como asunto médico, partiendo de que las instituciones públicas y privadas contribuyen decisivamente en la construcción de estos imaginarios, en donde prima la mirada de la escasez desde la abundancia.
El contexto histórico en el que se enmarca el tema de estudio se remonta al periodo de los años cuarenta, en que la Sociedad de Naciones venía liderando la toma de responsabilidad de los Estados respecto a las grandes crisis alimentarias a nivel mundial; pero es hasta los años sesenta, a partir de la Campaña Mundial contra el Hambre convocada por la FAO en 1958, que se establecería un compromiso más decidido de los Estados con las problemáticas nutricionales derivadas de las crisis alimentarias. Las mayores hambrunas de la era contemporánea ocurrieron en los años sesenta y setenta en África Occidental, en los países del Sahel, y Bangladesh. Desde entonces los países ricos divulgaron explicaciones que relacionaban las crisis con el crecimiento poblacional y la ineficacia del mercado para producir y distribuir los alimentos necesarios. Se atribuyó el hambre al crecimiento demográfico de los países pobres, considerándolo excesivo en relación con sus posibilidades de abastecimiento alimentario; de esta forma se justificó la implementación de técnicas que incrementaran la productividad de los cultivos, principalmente de cereales. Con las técnicas y tecnologías agropecuarias aplicadas en lo que se conoció como la Revolución Verde, se aspiraba a superar factores naturales considerados limitantes, tales como los ciclos climáticos, las plagas y la calidad de los suelos.
beneficiarían quienes tenían mayores necesidades nutricionales. También la relación entre hambre y población se examinó desde una óptica más compleja, considerando que la reducción de la mortalidad infantil por desnutrición, podría constituir un aporte a la reducción de la natalidad a largo plazo. Se vio entonces la necesidad de aplicar métodos más directos para mejorar la dieta de los grupos nutricionalmente vulnerables, y la necesidad de combinar el análisis nutricional con el análisis socioeconómico sistemático localizado, para orientar la planificación nutricional a nivel estatal, dando lugar a “políticas alimentarias” propiamente dichas.
Mientras lo anterior constituyó el discurso de las Naciones Unidas respecto a las causas del hambre y las políticas alimentarias que promovieron en los años sesenta y setenta debe señalarse que, al mismo tiempo, surgieron posturas disidentes que denunciaron el hambre como un fenómeno económico y político evitable. Dichos discursos alternativos mostraban que los altos índices de natalidad en los países subdesarrollados y la insuficiente producción de alimentos eran mitos creados por los países ricos para evadir su responsabilidad y la de los gobiernos locales y sacar provecho económico de ello, subrayando que el problema del hambre no era efecto de la insuficiencia de alimentos sino de su mala distribución y la incapacidad de amplios sectores de la población para acceder a ellos.
Esta perspectiva resaltaba que, mediante la propuesta engañosa del desarrollo, los países occidentales industrializados habían expandido un modelo de dependencia económica de los países del Tercer Mundo para enriquecerse a sí mismos. Dicho patrón de injusticia y explotación se encontraba arraigado en la estructura económica mundial y se reproducía en las estructuras locales. Denunciaban que mediante el Sistema de Naciones Unidas se canalizaban recursos del Banco Mundial hacia proyectos de desarrollo en los países del Tercer Mundo, con los cuales los países desarrollados controlaban y usufructuaban el trabajo de aquellas regiones. Bajo sus parámetros, la agricultura que se había promovido, había estado orientada a mejorar la productividad de los pobres para la industria alimentaria en lugar de orientarse a remediar el hambre. Denunciaban que con la expansión de la Revolución Verde se había acentuado la inequidad en la distribución de la
tierra en los países del Tercer Mundo y reducido el control local de la producción alimentaria nacional. También demostraban que las tragedias naturales, en sí mismas, no eran las causantes de episodios de hambre, y que cuando generaban perjuicios graves para el consumo alimentario ponían en evidencia las fallas en la planeación y la deficiente inversión en los cultivos. Este análisis mostraba que el crecimiento poblacional constituía una respuesta a las injusticias económicas que generaban el hambre y que el camino hacia el control de la natalidad en los países subdesarrollados estaba en la reforma agraria y la redistribución del ingreso.
La ayuda al desarrollo y la ayuda alimentaria promovidos por las Naciones Unidas desde los años cincuenta y sesenta fueron considerados ejemplo de cómo los países desarrollados se aprovechaban del hambre y la pobreza de los países del Tercer Mundo para reforzar las desigualdades en las posiciones de dominio económico y político. Esto ocurría reforzando las distancias entre la población pobre y las élites locales. En este orden de ideas, la ayuda alimentaria que los países desarrollados suministraban para paliar el hambre en los países del Tercer Mundo constituía un instrumento económico al servicio de un objetivo político, disfrazado de gesto humanitario.
Desde este ángulo, quienes consideraban que el crecimiento acelerado y poco controlado de la población tenía repercusiones en el hambre y la pobreza rural, ponían el foco en la desigualdad económica y social de los países subdesarrollados. Entre los instrumentos con los que el orden económico y político mantenía la pobreza estructural de las poblaciones rurales identificaban las pautas de propiedad de la tierra y de acceso al crédito y la tecnología. Eran esas “distorsiones” en el acceso a los recursos productivos y los ingresos, los verdaderos limitantes de la producción de alimentos que causaban la desnutrición; así, la pobreza estructural de la población campesina era vista como la verdadera causa de la producción insuficiente de alimentos. Estas perspectivas alternativas revelaron que las políticas gubernamentales habían favorecido el crecimiento de la industria alimentaria urbana, mas no de la producción agrícola en una lógica en la que el bienestar de las poblaciones rurales se sacrificaba para promover las manufacturas urbanas.
alimentos básicos. Además, pretende llenar los vacíos en la producción nacional con productos importados, llegando a depender inclusive de insumos agrícolas importados para la producción. Desconoce las desigualdades en la distribución del ingreso y por consiguiente en el acceso a los alimentos; refuerza la distribución inequitativa de la tierra y de otros recursos productivos como la tecnología, los medios de transporte y acopio y la inversión de capital.
Todo ello se ha reflejado, en última instancia, en los índices nutricionales que examinaremos más adelante, los cuales muestran “ la incapacidad del sistema para garantizar a toda la comunidad (…) el acceso regular a los alimentos necesarios para dar pleno desarrollo a las potencialidades biológicas de todos los individuos de la sociedad, cualquiera sea su status socioeconómico y cualquiera su localización geográfica ”^1. En esta medida se observa que las políticas agrarias han operado disociadas de las políticas nutricionales; por consiguiente, hasta la formulación del Plan de Atención Nutricional PAN y Desarrollo Rural Integrado DRI que operó entre 1974 y 1980, no se puede decir que se implementaron verdaderas políticas alimentarias globales.
Por otra parte, entre 1954 y 1975 aproximadamente, el país se articuló a programas de ayuda alimentaria externa cuyo principal objeto fue la entrega de suplementos alimentarios a los sectores más desprotegidos de la población para mitigar la Deficiencia Protética Energética. Desde 1960 se implementó la ayuda alimentaria externa en la Ciudad de Medellín y se articularon las iniciativas locales a las políticas nacionales para la canalización de la ayuda internacional. En 1961 se gestaron los primeros intentos de política nacional encaminada a atender la problemática del hambre desde un tratamiento integrado, con la formulación delos Programas Integrados de Nutrición Aplicada PINA. Se trató de un programa del Gobierno Nacional en coordinación con los gobiernos departamentales para planificar programas de alimentación y nutrición dirigidos a los sectores más desprotegidos de la sociedad. El programa, que contemplaba la atención del hambre desde la perspectiva de la salud, la educación y la producción con ayuda de
(^1) Machado 2003, citando a Schejtman A. “ Análisis integral del problema alimentario y nutricional en América Latina ”, En: Estudios rurales latinoamericanos, Bogotá, vol. 6, No 2 -3, Mayo Diciembre de 1983, p. 143.
organismos internacionales, comenzó a implementarse en Antioquia en 1970. Pero en 1975, en el contexto de una crisis económica mundial, las agencias internacionales decidieron disminuir la ayuda alimentaria y el gobierno colombiano debió plegarse a esta decisión. Sin embargo, la renuncia a la ayuda alimentaria externa también constituyó un replanteamiento dentro de las políticas, que se produjo al constatar el perjuicio que dicha asistencia alimentaria ocasionaba sobre el sistema económico nacional. Por esto podemos considerar que en el lapso de 1960 a 1982 hubo dos momentos diferenciados en materia de políticas alimentarias. El segundo se inicia cuando existe la voluntad de articular las políticas nutricionales a las políticas económicas, y puede identificarse con la formulación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición PAN y el Programa de Desarrollo Rural Integrado en 1975, los cuales dejaron de operar conjuntamente en 1982. La formulación del PAN y el DRI obedeció a una preocupación internacional enmarcada en una nueva crisis de abastecimiento de alimentos, a raíz de la cual se pretendió que todas las naciones contribuyeran con la seguridad alimentaria mundial.
Por su parte, en Colombia el PIB se multiplicó por siete en las décadas posteriores a la mitad del siglo XX, presentando una tasa de crecimiento anual del 150%, la más alta de la historia. Aunque formaba parte de un movimiento de crecimiento económico mundial, el crecimiento de Colombia y América Latina fue muy inferior al de los países industrializados, haciendo más pronunciada la brecha entre países pobres y ricos^2. Durante esos mismos años – las décadas de los cincuenta y los sesenta – también se produjo en el país transición demográfica caracterizada por un crecimiento demográfico sin precedentes asociado a la reducción dramática de las tasas de mortalidad, acompañado de la inversión de la relación entre la población rural y urbana, que convirtió al país en mayoritariamente urbano, como se muestra en los cuadros a continuación:
(^2) Ocampo, 2006.
El proceso de urbanización tuvo repercusiones significativas en el sistema alimentario, pues, como denuncia el experto Absalón Machado, todo el peso de la demanda alimentaria de las ciudades recayó sobre un sector rural reducido, debilitado y en condiciones de incipiente e inequitativa modernización.
La transición de una economía rural agraria a una economía urbana semi industrial se produjo con la intervención activa del Estado, e implicó procesos de modernización agraria – dirigidos fundamentalmente a promover la diversificación de las exportaciones -, expansión del Estado y de transformación de los actores sociales^5. El crecimiento de actividades económicas como la industria y los servicios terminó por transformar completamente la estructura del ocupacional, como se ve en la siguiente tabla:
Cuadro N° 3 Cambios en la estructura ocupacional en Colombia 1938 – 1978 1938 1951 1964 1978 1984 A. Por sector económico Primario (^) 61.6% 55.5% 48.9% 35.2% 33.8% Secundario (^) 17.1 15.8 17.1 22.4 21. Terciario (^) 21.4 28.7 34.1 42.5 44. B. Asalariados como proporción de la fuerza de trabajo Sector agropecuario* (^) 46.4% 41.9% 42.1% 44.4% s. d. Otros Sectores (^) 58.3 64.9 70.9 67.3 s. d. Total (^) 51.4 52.5 57.3 59.5 61.8**
- Obreros , empleados y servicio doméstico ** 1985, según Censo de población Tomado de: Ocampo, J. A. (compilador), Ocampo José Antonio, Historia económica de Colombia et ál , “La industrialización y el intervencionismo estatal (1945, Planeta - Fedesarrollo, Bogotá, 2006, p. 276.-1980)”, Capítulo VII, En
En la tabla podemos observar la reducción de la participación del sector agrario en la economía, a favor del crecimiento la industria manufacturera en primer lugar, y de los servicios en segundo lugar. Aunque la proporción de fuerza de trabajo asalariada del sector agropecuario no varía significativamente en el lapso 1930-1984, el crecimiento de los otros sectores sí se refleja en la estructura de la fuerza laboral. Por su parte, los índices de empleo muestran datos críticos de crecimiento del desempleo urbano en los períodos de 1958 – 1968 y de 1978 – 1984 como se verá a continuación. La tabla siguiente refleja nuevamente (^5) Ocampo, 2006.
el estancamiento del empleo en el sector rural, respecto del empleo urbano en todo el lapso de 1958 a 1984, lo cual explica el éxodo rural. Simultáneamente las tasas de crecimiento del desempleo urbano fueron alarmantes, salvo durante el período de los años setenta en que, según los siguientes indicadores, se redujo notablemente.
Cuadro N° 4 Tendencias del empleo en Colombia 1958 - 1984 (Tasas de incremento anual) Sector 1958 - 68 1968 - 78 1978 - 84 1958 - 84 Total empleo economía 2.47 3.17 2.72 3. A. Empleo urbano 3.99 4.89 3.71 4. A.1 Sector asalariado 3.84 4.82 2.69 4. a) Privado 3.59 4.32 2.32 4.
- Industria fabril (10+) 2.40 5.17 - 0.83 3. - Construcción 1.92 0.80 4.48 2. - Resto 4.28^ 4.74^ 2.63^ 4. b) público 5.93 7.69 4.53 6. A.2 Sector informal Independiente 4.36 5.08 6.20 5. Desempleo urbano 12.82 3.09 10.77 6. B. Empleo rural 1.04 0.80 0.86 0. Café - 1.62^ 3.62^ - 4.42^ 0. Otros cultivos 2.96 3.63 - 4.09 1. Resto empleo rural (agricultura campesina tradicional)
0.85 - 1.31 4.41 0. Tomado de: Álvaro Reyes Posada, (eds.), El problema laboral colombiano, Informes de la Misión Chenery, CGR Tendencias del empleo y la distribución del ingreso - DNPSENA, Bogotá, 1987., en: J.A. Ocampo y M. Ramírez
El economista J.A. Ocampo registró desde los años cincuenta un cambio positivo en los indicadores sociales tales como educación, salud y vivienda. Sin embargo, al mismo tiempo, la distribución del ingreso desmejoró en esta década y durante los años sesenta:
región. Como estrategia preventiva la administración del presidente Jhon F. Kennedy ofreció a los gobiernos latinoamericanos un paquete económico reformista, enmarcado en un modelo liberal intervencionista y estatista similar al portorricense, que se proyectó a través de la Alianza para el Progreso (1961-1970). Este programa, financiado con recursos estadounidenses y del recién creado Banco Interamericano de Desarrollo, pretendía fortalecer las democracias liberales y evitar a toda costa el ascenso al poder de grupos revolucionarios de izquierdas. La Alianza para el Progreso fue acogida por quienes consideraban que el Estado de Bienestar era fundamental para proporcionar estabilidad política y social, a través del ofrecimiento de apoyo a los sectores más desfavorecidos.
De hecho, entre la Segunda Guerra Mundial y los primeros años setenta, el crecimiento económico y la urbanización de toda la región habían llevado a que los Estados latinoamericanos incrementaran sus iniciativas de política social, tomando como referentes algunos aspectos aislados de las políticas sociales de bienestar de los países industrializados. Las posturas liberalizadoras a ultranza y no intervencionistas se vieron superadas por aquellas que promovían la adopción de medidas de protección social, si no generalizadas, al menos focalizadas en los sectores más vulnerables. También organismos internacionales como la CEPAL y la OIT subrayaban la importancia de la política social en la expansión del capital humano y asesoraron la creación de entidades financiadas con contribuciones del Estado, que brindaran seguridad social y pensiones a los asalariados que pudieran pagar cotizaciones constantes. En general, las condiciones eran más propicias que antes para una política social intervencionista y para la asimilación de un programa como la Alianza para el Progreso, que promovía el financiamiento de proyectos sociales que cumplieran estrictos requisitos técnicos, entre los cuales se encontraba el fomento de una buena nutrición entre la población pobre.
El paquete económico y social de la Alianza para el Progreso también incluía la reforma agraria, que se implementó en toda la región. No obstante, la redistribución de la tierra en Colombia fue bastante ineficaz, pues primaron los intereses de la agricultura capitalista y el latifundio, protegidos por la clase política. La situación del campesinado empeoró, generando una base social para la movilización insurgente. Así pues, en general,
los alcances de la Alianza para el Progreso fueron limitados, pero tuvo prolongada incidencia en las instituciones y actividades que se propiciaron en su marco.
La polarización política y el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones condujeron al replanteamiento de las políticas sociales y a debatir sobre el deterioro de la redistribución del ingreso y la pobreza. Con el objeto de diseñar políticas contra la pobreza se planteó el problema de cómo definirla y medirla. Para ello se adoptó el criterio de calcular el costo de los elementos de consumo básicos para tener un nivel mínimo de nutrición y definir la pobreza como todo nivel de ingresos inferior a dicho valor. Con este criterio la CEPAL estimó que, en 1970, el 40% de los hogares latinoamericanos eran pobres. Sin embargo las características de la pobreza y la distribución del ingreso presentaban variaciones, destacándose el hecho de que en las zonas rurales fuera considerablemente mayor. Tal fenómeno era considerado por algunos especialistas el reflejo de la estructura concentrada de la propiedad de la tierra y el impacto de la modernización tecnológica; la cual era también la causa de las grandes migraciones del campo a las urbes, en las que se concentraba a su vez la mayor parte de la política social.
En Colombia, aunque desde los años cincuenta mejoraron los indicadores de vivienda, educación y salud, se presentaban contrastes notables entre zonas urbanas y rurales. Los indicadores de distribución del ingreso, por su parte, se deterioraron entre los años treinta y sesenta; en los setentas mejoraron y en los ochentas se estancaron, lo cual se reflejó en los indicadores de pobreza, que solamente disminuyeron un poco en la década de los setenta, sobre todo a partir de la segunda mitad. Los índices de NBI mejoraron levemente en los ochenta pero de manera cada vez más lenta. Se le atribuye el mejoramiento de la distribución del ingreso en los años setenta al agotamiento de los excedentes de mano de obra rural, al crecimiento dinámico de la economía, con buen desempeño de la agricultura, a la masificación de la educación gracias a la inversión social estatal y a la aceleración de la transición demográfica entre otros factores. Estos datos generales son coherentes con los estudios nutricionales, que presentan un mejoramiento en los índices para los años setenta y un deterioro en los ochenta.
