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Este documento recrea el proceso judicial que siguió una demanda presentada por una familia afectada por la contaminación generada por una planta procesadora de basura, que operaba sin licencia en 1988. El texto detalla cómo el ayuntamiento intervino y ordenó la detención de la elaboración de la planta, pero permitió que siguieran utilizando sus instalaciones para el tratamiento de aguas residuales. La familia demandó la violación de sus derechos fundamentales a la salud y presentó a las autoridades como responsables. El tribunal sostuvo que el recurso ante el juzgado territorial de murcia era un medio eficaz y rápido para obtener protección en casos que involucran a la familia y la salud. El texto también hace hincapié en el derecho a la salud y la responsabilidad del estado en velar por su perseverancia.
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Tipo: Apuntes
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Durante el mes de julio de 1988 se puso en funcionamiento sin licencia una planta procesadora de basura sólido-líquida construida con los fondos públicos. Esto se debía al mal funcionamiento de esta, por lo cual se comenzó a desprender gases, humo y olores desagradables, los cuales resultaron provocando problemas de salud en diversas personas que estuvieron en contacto con estos contaminantes. En el mes de septiembre de 1988, el ayuntamiento intervino, ordenando la acción de detención de elaboración de la planta procesadora, más sin embargo permitió que siguieran ejerciendo uso de sus instalaciones, pero ahora dedicándose con el tratamiento de aguas residuales. Pero el ayuntamiento no tomo en cuenta, que la cuestión sigue siendo parecida, ya que, por los olores desagradables, por los químicos que se utilizan para el tratamiento del agua, aún sigue existiendo la inconformidad de la familia Hakka, al igual que la contaminación en toda la zona donde se ubica dicha planta tratadora. La persona que interpuso la demanda basaba su alegato en que el olor, sonido y humo contaminante producido por una planta procesadora de residuos rígida y líquida a pocos metros de su domicilio se encontraban realizando la violación de los artículos 8 y 3 del Acuerdo. Presentando o mostrando como responsables a las autoridades que en su momento no realizaron una acción congruente y precisa. El tribunal sostuvo que el recurso ante el Juzgado Territorial de Murcia por la defensa de los derechos fundamentales, como suele suceder por parte del Comité, es un medio eficaz y rápido de obtener protección en el caso de su denuncia que involucra a su familia y psicología. El derecho a ser respetada por la salud, especialmente porque la demanda no logró el éxito que esperaba, especialmente el cierre de la planta de procesamiento de residuos. Ya que la salud es un derecho natural y fundamental para ser vivo, y la responsabilidad del estado es velar por la perseverancia de esta, velando por la integridad física de cualquier persona que se encuentre en riesgo.