ANÁLISIS DE LA SENTENCIA AP4256-2024
A través de esta sentencia, se resuelve el recurso interpuesto por José Henry
Torres Mariño y su defensa, contra la decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá que negó la nulidad de la acción procesal dentro
del proceso penal seguido por el supuesto delito de prevaricato por acción,
en concurso homogéneo y sucesivo.
La fiscalía sostiene en el escrito de acusación que José Henry Torres Mariño,
en su calidad de Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, emitió un total de 45 autos en diferentes casos bajo su cargo, entre
el 14 de octubre de 2015 y el 4 de noviembre de 2016, sin evaluar la
gravedad de la conducta y otorgando la libertad condicional a los
condenados, lo cual es un requisito estipulado en el artículo 64 del Código
Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014. Por lo tanto, considera que estas
decisiones contravienen claramente la normativa vigente, constituyendo así
el delito de prevaricato por acción.
Por otro lado, la defensa solicitó la nulidad del proceso, invocando una
violación del debido proceso y del derecho de defensa, y argumentan que no
hubo claridad en la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes.
Asimismo, invocan la vulneración del principio de non bis in ídem, ya que un
hecho se repitió en la acusación, y cuestionan la pasividad del juez de
control garantías ante las deficiencias de la acusación. Además, la defensa
indica que las decisiones cuestionadas como prevaricadoras estaban
jurisprudencialmente sustentadas, tanto por la Corte Constitucional como
por la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, no pudo incurrir en el delito
de prevaricato por acción.
El tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la solicitud de
nulidad, argumentando que la Fiscalía comunicó adecuadamente los
hechos jurídicamente relevantes, y que la juez de control de garantías actuó
conforme a su deber de proteger los derechos del acusado. Asimismo,
consideró que cualquier deficiencia en los hechos jurídicamente relevantes
podría ser aclarada, adicionada, enmendada, modificada o corregida en la
audiencia de formulación de acusación, conforme al artículo 339 de la Ley
906 de 2004.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal de negar la
nulidad, concluyendo que no se violaron los derechos fundamentales del
acusado y que los hechos jurídicamente relevantes fueron comunicados
adecuadamente. Además, enfatizó que las controversias sobre la tipicidad
del delito y la responsabilidad penal del acusado deben abordarse en el
juicio oral y no en la audiencia de formulación de imputación. A la luz del
